Solicita PGJCDMX 15 órdenes de aprehensión contra participantes en disturbios

Solicita PGJCDMX 15 órdenes de aprehensión contra participantes en disturbios

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José Ángel Somera

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) solicitó a un juez de Control en turno 15 órdenes de detención 15 órdenes de aprehensión contra diez probables participantes en los ataques contra estudiantes del CCH-Azcapotzalco el 3 de septiembre pasado en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cinco de ellas son por homicidio en grado de tentativa, uno por lesiones que ponen en riesgo la vida y nueve por motín.

En conferencia de prensa, el titular de la PGJCDMX, Edmundo Garrido Osorio, acompañado por el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Roberto Ochoa Romero, y el Comisario de Inteligencia de la Policía Federal, Ricardo Eduardo Aranda Aguilar, refrendó  el compromiso de la institución a su cargo para combatir el delito en cualquiera de sus expresiones en la Ciudad de México.

Ochoa Romero, indicó que la PGR continúa con un expediente abierto para determinar la posible comisión de ilícitos del orden federal, en su caso, castigar a los responsables.

Garrido Osorio, confirmó la detención de Marco Antonio Camargo García “El Mamitis” de 29 años de edad, presunto líder de porros del CCH Azcapotzalco y que fue expulsado de la FES-Cuautitlán.

Resaltó que Camargo García, cuenta con antecedentes penales, toda vez que los registros arrojaron que tiene dos ingresos al  Reclusorio Norte (por robo a transeúnte en 2010 y por robo calificado en 2011) y está relacionado con cuatro investigaciones más (robo a transeúnte en 2006 y 2011, y lesiones dolosas y daño en propiedad ajena en 2018).

De acuerdo con el Código Penal vigente, el delito de motín se sanciona hasta con siete años de prisión.

Indagan abusos de autoridad por detenidos por agresiones en CU

En tanto, la Dirección de Asuntos Internos y el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Federal, inició una indagatoria por presuntos abusos de autoridad en las pesquisas realizadas por policías federales que fueran hechas sin sustento legal durante la captura de tres detenidos por ataques a estudiantes del CCH- Azcapotzalco, -dos de ellos ya fueron puestos en libertad por la PGJCDMX-, hostigamiento laboral, así como a elementos relacionados con actividades ilícitas.

Los organismos de la PF al tener conocimiento de irregularidades en la actuación de la Policía Federal adscritos a la División de Inteligencia que detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos.

Asimismo, investigan el posible “montaje” que realizaron elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal en San Luis Potosí, en torno a la liberación de una niña que fue hallada por un matrimonio cinco días después de haber sido desaparecida junto con su abuelita, la cual fue asesinada.

Entre los involucrados están la titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Policía Federal, Marisol Ponce Juárez; el Comisario Luis Flores Fierros y la titular del área jurídica de la División de Fuerzas Federales, Jacqueline Becerra, y Diana Peña Galindo, Directora de Recursos Humanos.

Otro caso indagado es el operativo realizado de manera irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciado por la policía federal Fabiola Pérez Carmona, adscrita a la División de Inteligencia, en el que refiere que el Comisionado General de la Policía Federal Manelich Castilla Craviotto, no actuó y se limitó a imponer como superior inmediato de la oficial víctima de vejaciones, Carlos Alberto Flores, como Coordinador de Servicios Técnicos de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

En estos hechos también se le relaciona al Comisario Humberto Peralta, esto quedó asentado en queja interpuesta ante la CNDH, CNDH/2/2018/2438/Q y en la carpeta de investigación número FED/CHIH/JUA/0000701/2018, así como del procedimiento administrativo UAI/DGII/0908/18, de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.

Los efectivos federales  también denunciaron hostigamiento laboral por parte de sus mandos, mismos que señalaron son por instrucciones de los más cercanos colaboradores de la oficina del comisario general de la PF, Manelich Castilla.

Los órganos internos jurídicos de la PF, también investigan la falsificación de documentos por el caso del operativo contra la mujer federal en Chihuahua, los cuales se encuentran agregados al juicio de amparo número 837/2018, del índice del juzgado I de distrito en materia administrativa del Primer Circuito, promovido por el Coordinador de Servicios Técnicos de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Los hechos de ilegalidad cometidos por servidores públicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal y del Enlace Administrativo de la División de Inteligencia, fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública el 4 de septiembre de este año, a fin de que éstos sean investigadas presuntas conductas administrativas en el desempeño de sus funciones al alterar hechos para justificar la arbitraria actuación del Comisionado General de la Policía Federal Manelich Castilla Craviotto.