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Presenta MC en FEPADE e INE por desvío de recursos en operación “Safiro”

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Los senadores de Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo y Samuel García, en compañía del Secretario General de este instituto político Jorge Álvarez Máynez, asistieron ayer a la PGR, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) y el  Instituto Nacional Electoral (INE), para presentar denuncias por desvío de recursos públicos en la llamada Operación Safiro.

Samuel García, mencionó que se presentaron las denuncias correspondientes para que las autoridades den seguimiento a la malversación de recursos realizado en diversos estados en periodo electoral, pues “es un grave crimen que los recursos de los mexicanos se utilicen en esquemas de compra de voto”.

Informó que los desvíos fueron por más 650 millones de pesos a través de 12 empresas fantasmas, utilizadas para el financiamiento ilegal de campañas del PRI, en los estados de Chihuahua con 246 millones, Durango con 230 millones 400 mil pesos, Sonora con 140 millones 591 mil 669 pesos, Morelos con 16 millones 404 mil 800 pesos, Colima con 15 millones 142 mil 316 pesos, Estado de México con 488 mil 900 pesos, “aunque de acuerdo con la citada investigación, en este caso no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el gobierno de esta entidad ocultó la información de contratos”, y la alcaldía de       Milpa Alta con 300 mil pesos.

Subrayó, “urge ir por las empresas fantasmas, la mitad del presupuesto de este país se desvía y termina en gobernadores en lugar de utilizarse en escuelas”.

Mientras Álvarez Máynez, recordó que no es la primera vez en denunciarse este tipo de delitos, pues hace un año se realizaron otras, “las autoridades deben dar seguimiento a la investigación que realizó Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa, y el gobierno de Chihuahua, donde se demostró que con empresas fantasmas se desviaron millones de pesos que fueron utilizados en elecciones”.

En tanto, la senadora Verónica Delgadillo lamentó el mal uso de estos recursos, y “que este dinero tenía que ser utilizado para combatir la desigualdad y brindar mejores oportunidades a los mexicanos, término en campañas políticas. Esto lo hacemos como un acto de justicia, los políticos que le han fallado a los mexicanos tienen que ser sancionados. No es la primera vez que levantamos la voz y esperamos que la justicia los castigue”.

Apuntó, “estos actos al igual que la Estafa Maestra deben ser combatidos sin impunidad, y debe perseguirse la red de complicidades que existe desde el gobierno, tal como reveló esta investigación acerca de que el dinero desviado era de origen federal”.

Indicó, “se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas. Es decir, las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango”.