PGR tendrá que reabrir de nueva cuenta el caso Tlatlaya

PGR tendrá que reabrir de nueva cuenta el caso Tlatlaya

0 107

José Ángel Somera

El juez XIV de distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México ordenó a la PGR a reabrir el caso Tlatlaya, al considerar que no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada, y de esta manera otorgó el juicio de garantías a la sobreviviente de estos hechos Clara Gómez González, para que la dependencia federal realice una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

En su resolución emitida en mayo de 2018, el impartidor de justicia refiere que la PGR debe -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.

En la resolución del juicio de amparo 545/2017 interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales encontró que la investigación de la PGR violó los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.

Mencionó que en el curso de la averiguación previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, “no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas, que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados, y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal”.

Además, la PGR no consideró las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.

En ese sentido el Centro Prodh manifestó que “debido a la fallida investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México”.

Dijo que para Clara Gómez y sus representantes, el hecho de que el Poder Judicial de la Federación ordenará a la PGR que realice una investigación de forma adecuada tras cuatro años, “es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias”.

Cabe recordar que el 30 de junio de 2014, 22 personas fallecieron en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, hechos en el que la Sedena señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre una célula de “Guerreros Unidos” con elementos del Ejército pertenecientes al 102 Batallón de Infantería. Sin embargo, el testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.