Guardia Nacional no resolvería inseguridad

Guardia Nacional no resolvería inseguridad

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad, pues las enfrentaría con visión coyuntural y de corto plazo.

Aseguró que no se garantiza, ni contribuye de modo alguno a terminar con la impunidad; por el contrario, debilitaría la institucionalización civil y democrática, a la vez que generaría riesgos de vulneración a los derechos de las personas.

Al participar en las Audiencias Públicas en la materia, en la mesa “Derechos Humanos y Guardia Nacional”, indicó que ese órgano contraviene a sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales de derechos humanos, lo cual generaría alejamiento y ruptura con los organismos de protección y defensa de las garantías individuales.

Propuso que el Estado mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el Régimen Iberoamericano de Derechos Humanos.

González Pérez refirió que de 2013 a la fecha, son 137 denuncias penales que se han interpuesto por violaciones a derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De éstas se encuentran en proceso 20; sentencias condenatorias, seis; absolutorias, cinco, y las demás en proceso. En tanto, la Secretaría de Marina tiene 64 denuncias en proceso; una sentencia condenatoria y dos absolutorias.

Mientras que las responsabilidades administrativas de 2013 a la fecha, suspensión de empleo o cargo de 30 días, dos; amonestación privada, cuatro, esto en la Marina. Por su parte, a la Defensa Nacional, inhabilitación de un año, dos; destitución e inhabilitación de 10 a 15 años, tres, y amonestación pública, cuatro, “todo esto evidencia parte de la problemática”, expresó el titular de la CNDH.

Externó su preocupación de que las reformas en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial, pues se deja de lado la visión integral e insistió en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, en recursos, capacidades y operaciones reales y efectivas; es decir, “no se trata sólo del perfil de sus titulares, sino se requiere de marcos normativos y operativos adecuados”.

“Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad, si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente; en estas tareas los mecanismos externos de la supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante”, sostuvo González Pérez.

Subrayó que la propuesta no establece ningún componente de garantía para que los integrantes de las fuerzas armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para evitar que se repliquen esas acciones.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitó a los legisladores a que las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional se realicen de manera pausada, reflexiva y apegada a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.

Indicó que preocupan cuatro puntos principalmente: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.

También, el impacto sobre la investigación del delito y el sistema de justicia penal, que llegaría a tener la reforma y, finalmente, la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad, en función de que desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad la violencia en el país se ha disparado.

Afirmó que el documento que crea el nuevo órgano de seguridad no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Plantea la participación de las fuerzas armadas, pero no de forma extraordinaria y hace permanente lo que tiene que ser temporal; además, su actividad se propone de manera preponderante y no complementaria”.

Explicó que en una sentencia, la propia Corte reafirma que la seguridad ciudadana debe estar asignada a los cuerpos civiles, y sólo cuando las circunstancias lo ameriten pueden involucrarse instituciones militares, pero con una participación regulada mediante protocolos del uso de la fuerza.

Destacó la necesidad de establecer un mando directo civil para la guardia y quitar la facultad de investigación a los militares. “El documento, como está, abre la posibilidad de detener a una persona en instalaciones castrenses”.

Se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar, pues circunscribe a la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la guardia. Agregó que tampoco se contempla facultad del Congreso para legislar con alcance nacional sobre el nuevo organismo.

Seis legisladores de Morena expresaron sus comentarios. La diputada Tatiana Clouthier Carrillo dejó claro que apoya un mando civil y por ningún motivo militar. Además, consideró que la temporalidad para la guardia debe ser de tres años, porque con cinco años de mando castrense, prácticamente “éste determinaría quién gobernaría el país los siguientes seis años; me niego a poner eso como antesala”.

La diputada Aleida Alavez Ruiz aclaró que la Guardia Nacional no quiere engañar a nadie; se desea consolidar la paz social, por lo que este debate nos es simulación, sino una liberación de datos que servirán en el debate del dictamen.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala dijo que la Guardia Nacional va a estar capacitada para acreditar con responsabilidad la legalidad en cómo actuar antes, durante y posterior a cualquier detención. También será de carácter civil iniciando con un mando militar por un tiempo máximo de cinco años.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala resaltó que estas audiencias han cambiado el panorama de la reforma, por lo que expresó su apoyo para que se abran más espacios de reflexión y a este tema se agregue el análisis del artículo 29 Constitucional, el cual habla de derechos humanos, el principio de presunción de inocencia y el sistema Penal Acusatorio, el cual puede ser invalidado en los hechos.

El diputado Carlos Ayala Bobadilla señaló que hay consensos en ideas básicas respecto de que se necesita una Guardia Nacional, que se debe hacer algo en contra del crimen organizado, y que no se puede permitir un mando militar sin una temporalidad bien establecida, pero también está claro que este modelo no debe quedar sin contrapesos.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce afirmó que en cada una de las acciones del Ejército ha estado al frente un civil que no ha sabido ser responsable de los hechos y que hoy se recibió a un Estado con una bancarrota moral incapaz de llevar adelante un cambio en la seguridad. “Necesitamos ganar esta guerra contra la inseguridad sin disparar armas, sino a través de un cambio profundo”.