Eruviel Ávila maniobró ilegalmente al asignar notarías

Eruviel Ávila maniobró ilegalmente al asignar notarías

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Un juez federal declaró inconstitucional la maniobra del ex Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila para asignar 12 notarías públicas provisionales a familiares de funcionarios, aliados y rivales políticos en los últimos días de su mandato.

El juez Cuarto de Amparo y Juicios Federales en Toluca, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, estableció que la reforma de septiembre de 2016 a la Ley del Notariado del Estado de México fue “notoriamente discriminatoria”, pues facultó al mandatario para designar notarios que no tienen que sujetarse a concurso ni cumplir requisitos legales, como se exige al resto de los aspirantes.

Esa reforma fue el anticipo para decretos expedidos por el Gobernador el 14 de julio de 2017, dos meses antes de dejar el cargo, en los que asignó nuevas notarías provisionales al hijo del Gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo; al sobrino del Secretario General de Gobierno estatal, Javier Manzur, y a Erasto Martínez Rojas, quien fue Secretario de Finanzas y también de Infraestructura en la Administración de Ávila.

Otros beneficiados fueron el entonces vicepresidente jurídico de Grupo Salinas, Francisco Xavier Borrego; la diputada federal priista suplente Beatriz Corona Mercado; la esposa del senador panista Ulises Ramírez: el ex presidente estatal del PVEM, Alejandro Agundis, y un hermano del secretario de Acción Electoral del PRD en la entidad.

“Los artículos (13 y 14 de la Ley del Notariado) son notoriamente discriminatorios, pues realizan una distinción injustificada y desproporcional entre un grupo de personas que debe cumplir con los requisitos y presentar un examen de oposición para ocupar el cargo de notario y otro grupo que elige libremente el Gobernador y a quienes se exime de cumplir las exigencias de la ley”, resolvió el juez Ordóñez.

“Lo anterior viola el derecho de igualdad, la libertad de trabajo y el derecho a acceder a cargos públicos”, agregó.

El amparo fue otorgado a María Teresa Hernández Mejía, una aspirante a notaria, para el efecto de que el actual Gobernador le reciba sus documentos, los examine, y de “igualar o superar” las aptitudes de los beneficiados por Durazo, le asigne una notaría.

La sentencia, sin embargo, no es definitiva y sólo obligará al Gobernador Alfredo del Mazo si es confirmada por un tribunal colegiado de circuito.

Cabe recordar que el 16 de abril, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Toluca concedió a Hernández Mejía una suspensión definitiva para el efecto de que los doce notarios provisionales designados por Durazo no puedan ejercer el cargo.

La suspensión, sin embargo, solo tiene efectos para los notarios que no hubiera tomado protesta e iniciado el ejercicio de su función, para lo cual se requiere la presentación de una fianza y depósito en efectivo ante el Colegio de Notarios del Estado de México.

En teoría, los notarios provisionales están “a prueba” durante un periodo de un año, y después pueden quedarse con el cargo de manera permanente.