Emite CNDH recomendación 60/2018 dirigida a la COFECE

Emite CNDH recomendación 60/2018 dirigida a la COFECE

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Leonardo Juárez R.

Tras la queja que interpusieron notarios de la Ciudad de México y el Estado de México, contra las opiniones y recomendaciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por considerarlas ilegales, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se emitió la recomendación de 60/2018.

Los notarios de la metrópoli consideraron, “que a más de su grave ilegalidad, la violación a sus derechos humanos de la que se responsabilizó a la COFECE, tiene su origen en un profundo desconocimiento e infravaloración de la naturaleza y función social que el notariado realiza, que no puede ni debe someterse, exclusivamente, a un análisis de orden económico, que lleva a calificar diferentes aspectos de la actividad notarial como perjudiciales para los ciudadanos y contrarios a la competitividad y el emprendimiento”.

Apuntó, “descalificaciones que vienen produciendo un grave daño a la imagen de los notarios, por ende al desarrollo de su función.  La COFECE estaba obligada, por ley, a realizar un análisis mucho más cuidadoso sobre el papel de los notarios en la economía del país, el cual podría haberse llevado a cabo si esa Comisión hubiera querido conocer la opinión, los argumentos y puntos de vista de aquéllos”.

Comentó, “situación que habría sido posible de haberse respetado el derecho de éstos a ser oídos, circunstancia que seguramente habría matizado y colocado, en su justa medida, el modo y manera en que la función notarial puede contribuir aún más a la competitividad; a lo cual, bajo ningún concepto, la comunidad de notarios se opone”.

Subrayó, “a lo que nos oponemos los notarios es a que en aras de la supuesta competitividad se afecten, pasen por alto y sacrifiquen los valores que la función notarial, desde antiguo, salvaguarda, prestándole un invaluable servicio a la sociedad mexicana, en ámbitos tales como la asesoría jurídica especializada de quienes hacen uso de sus servicios; de fe pública -piedra de toque de una actividad económica respetuosa de los derechos económicos de las personas-; de certeza y seguridad jurídicas, de recaudación de impuestos a favor de la hacienda pública; de igualdad jurídica, e incluso de prevención de actividades delictivas que tanto daño hacen a las instituciones y a la sociedad, como el llamado lavado de dinero, entre otras”.

Explicó, las opiniones y recomendaciones se dieron al margen de lo prescrito por la fracción XII del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), “por ende fuera de los procedimientos regulados en el Libro Tercero de dicha Ley. Por lo tanto, se incumplió con la más elemental garantía de legalidad, y por consecuencia, se obvió la garantía de audiencia”.

Recordó que el  23 de octubre de 2017 la COFECE dio a conocer a los ganadores del denominado “PREMIO PARA IDENTIFICAR EL OBSTÁCULO REGULATORIO MÁS ABSURDO PARA COMPETIR Y EMPRENDER”, se otorgó el primer lugar al trabajo “Leyes estatales que regulan los servicios notariales”.

Manifestó, “haciendo suyas las conclusiones de ese trabajo y sin mediar ningún procedimiento de los establecidos en la LFCE, la COFECE, a través de las publicaciones aparecidos en el sitio oficial de dicho organismo y en múltiples medios de comunicación, emitió, entre otras, las siguientes opiniones. ‘La regulación estatal de servicios notariales perjudica a los ciudadanos generando precios más altos dada la escasez artificial de notarios; en México hay incertidumbre jurídica por la baja utilización de los servicios notariales, la normativa estatal de servicios notariales podría incentivar la coordinación de precios entre competidores y restringe el número de notarios a uno por cada determinado número de habitantes; la colegiación obligatoria es un obstáculo a la competitividad pues los notarios deben pertenecer a un Colegio o Consejo de Notarios lo que facilita el intercambio de información y la formación de acuerdos entre ellos para fijar precios”.

Añadió, con base en todo lo anterior la COFECE recomendó: fortalecer la figura del Corredor Publico, para incrementar la presión competitiva sobre los servicios notariales en materia mercantil e impulsar las reformas necesarias a las leyes de servicios notariales para eliminar las barreras regulatorias.

Resaltó, “violando derechos humanos al pasar por alto las normas de procedimiento establecidas por la LFCE, circunstancia que produjo, en este caso, una flagrante vulneración a la garantía de audiencia y con ello, al derecho humano al debido proceso legal de los notarios”.

La CNDH resolvió que “se vulneró el derecho al debido proceso de los notarios, toda vez que cuando la COFECE decidió elaborar propuestas sobre la competitividad en materia notarial debió hacerlo acorde con los mecanismos que prevé la LFCE y no apoyándose, como en este caso sucedió, en las conclusiones de un trabajo convocado como parte de sus actividades de promoción y divulgación. Por ello, la COFECE debió dejar claramente establecido que ésta no asumía institucionalmente las conclusiones del trabajo que resultó ganador”.

Asimismo, la COFECE pasó por alto que sus manifestaciones públicas podían afectar los derechos de los notarios puesto que al no llevar a cabo alguno de los procedimientos previstos en la LFCE dejaba a los notarios sin garantía de audiencia, vulnerando así la más elemental legalidad y el derecho al debido proceso que la CPEUM y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano ordenan, colocándolos en un grave estado de indefensión puesto que jamás pudieron argumentar lo que a su derecho conviniera.