Conceden amparo a Emilio Lozoya Austin por caso Odebrecht

Conceden amparo a Emilio Lozoya Austin por caso Odebrecht

José Ángel Somera

Un juez VIII de distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México concedió la protección de la justicia federal al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, “para efectos y ordena a la Fiscalía Especializada Para Atención de Delitos Electorales (FEPADE), emitir un nuevo acuerdo en el que subsane vicios formales, esto para que motive suficientemente el acuerdo en relación con la prescripción de la acción penal solicitada por el quejoso y para que el Ministerio Público Investigador determine en definitiva la carpeta de investigación” iniciada por el caso de Odebrech y conocer si los ilícitos ya prescribieron o no.

En su resolución el juez de distrito consideró que “por violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en que incurrió la FEPADE de la Procuraduría General de la República, se ordena dejar sin efecto el acuerdo dictado el 10 de julio de 2018 en la carpeta de investigación que se sigue al quejoso, en el que se le informó que los delitos que se le imputan aún no prescriben, así como la abstención de determinar la carpeta de investigación.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), indicó que esto con el propósito de que la autoridad responsable “emita un nuevo acuerdo en el que subsane vicios formales y satisfaga la exigencia constitucional de motivación detallada y congruente en relación con la prescripción de los ilícitos que se le imputan al quejoso”.

Señaló que al resolver el amparo 702/2018, la juez instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la FEPADE determine si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato, y que en un plazo de 40 días naturales, contados a partir de que culmine el plazo antes señalado, determine en definitiva lo que en derecho corresponda, “término que se considera prudente atendiendo la naturaleza de los hechos denunciados y a las diligencias que ya obran en la carpeta de investigación, en el entendido de que deberá hacer uso de las medidas de apremio a su alcance para lograr su desahogo oportuno en los datos de prueba por recabar y si existen registros previos al cumplimiento requerido”.

Indicó que la sentencia señala que el Agente del Ministerio Público adscrito a la FEPADE fundamentó el acuerdo impugnado en los artículos 100, 102 y 105 del Código Penal Federal de forma enunciativa respecto de la figura jurídica denominada prescripción, lo cual se traduce en una insuficiente motivación.

Apuntó, “la autoridad no expresó las razones, circunstancias particulares o argumentos del porqué consideraba que no operaba la figura de la prescripción, dado que no determinó el momento en que se ejercitó la conducta y si su resultado fue instantáneo, permanente, continuo o continuado; es decir, en que momento cesó la conducta para que el plazo a fin de que opere la prescripción comience a contarse, aunado a que no estableció los delitos por los hechos imputados”.

Además “no se advierte que la autoridad haya expuesto los razonamientos suficientes para determinar la improcedencia de la prescripción de la acción penal, ya que únicamente señaló las fechas futuras de prescripción por cada uno de los ilícitos contemplados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal y 11 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de manera dogmática, sin evidenciar los motivos que le llevaron a establecerlas”.

Ni tampoco llevó a cabo un estudio detallado refiriendo la media aritmética de la pena privativa de la libertad que señala cada delito atendiendo a su naturaleza, por los que se investiga al quejoso. Fue omisa en pronunciarse en relación a la fecha del 20 de abril de 2012 que refirió el quejoso como el momento en que llevó a cabo la conducta delictiva que se le atribuye, la cual guarda relación con las manifestaciones vertidas en la denuncia de 17 de agosto de 2017, que dio origen a la carpeta de investigación pero no señala cuando produjo todos sus efectos el o los hechos ilícitos señalados como delito.

Y fue genérica en establecer las fechas posibles de prescripción de la acción penal por cada delito, fijando como posible fecha en que cesó su ejecución el año 2014, sin mediar y exponer un análisis que lo justificara.

El CJF destacó que esa situación adquiere especial relevancia en el caso concreto, “toda vez que tal circunstancia generó que el ahora quejoso no conociera de manera completa las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, a fin de poder constatar la adecuación entre los motivos aducidos por la responsable y la norma que consideró aplicable, a efecto de poder impugnar dicho acto. En consecuencia, la autoridad responsable se encontraba obligada a emitir un pronunciamiento en el que expusiera de manera congruente, coherente y completa los motivos que la llevaran a concluir en ese sentido, con lo cual se transgredieron los derechos de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del quejoso”.

Resaltó, “la resolución reclamada es contraria al principio de legalidad en su vertiente de motivación, ya que no reúne los requisitos mínimos antes precisados que debe contener un acto de autoridad, motivo por el cual se estima violatorio de derechos.  Adicionalmente, la juzgadora federal calificó fundados los conceptos de violación reclamados por el quejoso, consistentes en que al no haberse determinado la carpeta de investigación en un plazo razonable, le generó inseguridad e incertidumbre jurídica, colocándolo en un estado de indefensión al no tener conocimiento de su situación jurídica”.

“La FEPADE como autoridad está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la constitución, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad”, añadió.