Caso del Paso Exprés, está cerrado para la Función Pública: Arely Gómez

Caso del Paso Exprés, está cerrado para la Función Pública: Arely Gómez

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Para la Secretaría de la Función Pública el caso del socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca está cerrado, afirmó su titular, Arely Gómez González, al señalar que la dependencia sancionó administrativamente a ocho funcionarios.

Entrevistada en el Senado de la República, a donde acudió a la instalación de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la funcionaria federal detalló que la dependencia a su cargo hizo un trabajo integral y exhaustivo.

Aunque reconoció que todavía no ha recibido la notificación formal de la Recomendación 34 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este miércoles sobre el tema, dejó claro que “para la Función Pública, al día de hoy, el caso está cerrado”.

Explicó que desde el primer día se inició una investigación amplia, exhaustiva con todos los Órganos Internos de Control que estaban involucrados, como el de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La secretaria refirió que de ello se derivaron 22 cédulas de observaciones con todo el procedimiento que marca la norma y se sancionó administrativamente a ocho funcionarios, uno de la Comisión Nacional del Agua y ocho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Entre estos ocho destaca el director del Centro SCT en Morelos “que es un nivel muy alto”, después de que la Secretaría de la Función Pública actuó de manera integral, exhaustiva y de acuerdo a la norma. Recordó que la dependencia federal actúa en lo administrativo y derivado de su trabajo se han aplicado inhabilitaciones hasta por 10 años a los funcionarios. Si bien el caso está cerrado desde su punto de vista, las autoridades judiciales siguen su propia investigación.

Aseguró que en el caso del socavón, al igual que en el de Odebrecth, se han realizado todas las acciones que marca la norma y por lo tanto, ninguno de los dos casos ha quedado impune.

Gómez González mencionó que incluso fue la primera vez que se le retiró su registro a un testigo social por haber dado un dictamen equivocado

No obstante, este es otro de los problemas en que se han visto involucrada la Secretaría de la Función Pública, pues apenas hace dos días, Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dio a conocer que bajo el argumento de que se trata de información confidencial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) negó dar a conocer el número de posibles casos de cohecho internacional en el que podrían estar involucradas empresas o funcionarios mexicanos.

Comentó que en estos casos, están contenidos en la matriz de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México forma parte.

La negativa de acceso a la información, es contraria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y va en contra de lo que pretende la Convención, que es que los actos de corrupción sean detectados y combatidos.

Por ello, a propuesta suya, el Pleno determinó por unanimidad revocar la respuesta de la Secretaría e instruirle a que entregue la información solicitada.

El comisionado Salas indicó que la SFP justificó su negativa con el argumento de que la información le había sido proporcionada con el carácter de confidencial por la OCDE y que por tanto no podría revelarla.

Salas explicó que la información que le requirió un ciudadano fue el número de casos y no la identidad de los presuntos implicados; es decir, la solicitud fue conocer un dato estadístico.

“Pensar que los datos estadísticos solicitados fueron confiados al gobierno mexicano con carácter confidencial conlleva a equiparar sin suficiente razón estos datos, con la matriz de posibles casos de cohecho.

“Además, esto contraviene los objetivos de la Convención de referencia y el objetivo mismo de la OCDE, a saber promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, pues sin conocer datos estadísticos no puede establecerse parámetros de rendición de cuentas que evidencien el cumplimiento de los estados, parte de los acuerdos suscritos”, expuso.

Puntualizó que por información publicada en distintos medios, se sabe que hay empresas mexicanas involucradas en casos de corrupción en otros países y que uno de los casos más emblemáticos de cohecho internacional lo representa la empresa brasileña Odebrecht, en el que se ha involucrado a funcionarios nacionales.

“Las autoridades estadunidenses y colombianas están investigando las actividades de Cemex México en Colombia y las autoridades españolas están investigando actividades de Grupo México en España.

“Sin embargo, no hay investigaciones conocidas en México de las actividades en el exterior de esas dos empresas”, indicó Salas.