Aprueba Senado reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Aprueba Senado reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

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El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como establecen un rediseño de gobierno de diversas dependencias y secretarias del gobierno entrante.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, se aprobó por 72 votos a favor en lo general y 46 en contra la reforma que además crea la figura de los coordinadores estatales de programas sociales y aglutina las radiodifusoras y televisoras públicas digitales para que sean supervisadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin embargo, en este tema senadores de todos las bancadas, incluida por Morena Olga Sánchez Cordero, presentaron para el debate en lo particular la reserva del Artículo 27 Fracción VIII, en materia de medios de comunicación públicos, con la finalidad de modificar la minuta aprobada por la Cámara de Diputados.

Lo aprobado por la Cámara de Diputados indica que correspondería a la Secretaría de Gobernación administrar el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias.

La reforma crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que tendrá a su cargo formular y ejecutar las políticas, programas y acciones encaminadas a garantizar la seguridad pública del país y de sus habitantes, así como proponer la política criminal.

Desaparece la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en su lugar se crea la Secretaría de Bienestar, y se cambia el nombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, la figura de delegados estatales, quienes tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.

Con esta también desaparecería el CISEN y da nacimiento al Centro Nacional de Inteligencia, que tendrá en sus funciones la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras.

En este momento se lleva a cabo la presentación, discusión y votación de más de 40 reservas, para proponer la modificación de varios artículos del dictamen. Sin embargo, la bancada panista advirtió que, de aprobarse, presentará una acción de inconstitucionalidad para eliminar la figura de los “súper delegados”, para defender el respeto al federalismo mexicano y la autonomía de las entidades federativas.

En tanto, el grupo parlamentario del PRD rechazó también dicha figura, que serán los titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo; y advirtió también del posible control de los medios públicos.

Miguel Ángel Osorio Chong

Hemos convocado a esta conferencia de prensa, para fijar la postura del grupo parlamentario del PRI con respecto a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque si bien reconocemos el derecho que tiene el nuevo gobierno para organizarse como mejor lo considere, no podemos dejar de alzar la voz ante modificaciones que significan un retroceso democrático e institucional.

Me refiero concretamente a tres puntos. Son muchas las inconsistencias, son varias las observaciones que tenemos, pero quisiéramos referirnos a tres en lo particular.

Primero, la intención de que los medios públicos que hoy cuentan con autonomía editorial, financiera y de contenidos, pasen a ser medios oficiales, operados ya no por el Sistema Público de Radiodifusión, sino por la Secretaría de Gobernación.

Esto viola el artículo sexto constitucional. Además, como lo han señalado organizaciones especializadas en la materia, la propuesta contraviene los estándares internacionales sobre libertad de expresión, que establecen que para favorecer el derecho ciudadano a la información, los medios deben de contar con independencia del poder político.

En este sentido, darle a la instancia encargada de la política interior la facultad de intervenir y regular en la operación de los medios públicos, va en detrimento de la pluralidad de los contenidos en radio y televisión, y va en contra de la libre expresión.

Por eso, desde aquí insistimos en que los medios públicos no deben ser medios oficiales y exhortamos a que se escuche a los colectivos que se han expresado en la materia, para que cualquier medida que se tome sea por la libertad, nunca por menos libertad.

Segundo punto que preocupa y éste así lo han expresado la mayoría de las fuerzas políticas, en la propuesta de reforma al artículo 21 de la Ley de la Administración Pública, que violenta la división de Poderes, la Constitución y con ello el Estado de derecho, al pretender mediante una ley, dar al Presidente de la República facultades que son exclusivas del Congreso de la Unión.

Concretamente de la Cámara de Diputados, que es la responsable de la Auditoría Superior de la Federación y que, de acuerdo con la Carta Magna, tiene la facultad de fiscalización, misma que ahora se le quiere atribuir al Ejecutivo.

También es preocupante que se quieran arrogar las potestades de la Fiscalía General de la Nación, dándole al Jefe del Estado la posibilidad de crear comisiones de investigación a modo, con menosprecio del debido proceso y del sistema de justicia penal acusatorio.

Además, preocupa que esta reforma se quiera aprobar sin haber dado espacio al debate, lo cual, como ha determinado la Suprema Corte, viola el proceso legislativo y puede ser causa de inconstitucionalidad.

Ese es un tema verdaderamente delicado, quieren llevar a comisiones temas de investigación y de fiscalización, y para ello, en este país, seguramente no lo saben, hay instituciones encargadas de estas acciones y que tienen estas facultades.

Es increíble el retroceso que se está planteando con estas reformas a muchos años atrás, después de que costó debates, sexenios enteros; hubo muchas posturas de partidos políticos a lo largo de más de 40 años, para lograr esta auditoría superior, para tener una institución fuerte como la PGR y ahora un retroceso con lo que nos están formulando.

El tercer asunto sobre el cual nos pronunciamos, es el artículo 17 Ter, referente a los llamados “Súper Delegados”, que en teoría coordinarán programas sociales, pero que en la práctica, al parecer, serán sin duda operadores electorales.

Esta reforma de ley no les requiere experiencia técnica o académica, ninguna para ocupar estos puestos; les faculta para nombrar delegados estatales, conocidos como representantes de oficina, que se asimilan más a un mini gabinete, que a funcionarios encargados de la prestación de servicios públicos, además la ley no les impide contender para cargos de representación.

En este sentido, la idea de los Súper Delegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos.

Por eso nuestra propuesta es que la ley prohíba expresamente que puedan contender por cargos de elección popular en los estados en los que operan, de tal manera que si no logramos evitar –como seguramente va a suceder- el que no se den estas figuras de Súper Delegados, por lo menos que se regule en que tengan los mínimos de preparación, para el espacio público que van a tener bajo su responsabilidad -no hay requisitos para ellos- y además que no puedan contender en la elección del estado donde están sirviendo al servicio público.

Así, se van a evitar suspicacias y se impide que se quiera usar el aparato de gobierno, como un aparato de partido.

Las y los mexicanos ya conocen esa historia y responde más a un pasado superado, que a un presente democrático.

En el PRI habremos de seguir siendo una oposición madura, responsable, que le sirva al país y que en estos temas que hablan de lo que necesita la próxima administración pública, dentro de nueve días, vaya más apegado a lo que nos marca nuestra Constitución, nuestra convivencia democrática, que ambiciones personales o de partido político que va a gobernar.

Por nuestra cuenta, habremos de buscar un debate serio, responsable, esperamos que haya apertura. No tenemos mucha fe en ello, ya que en la Cámara de Diputados, de las ciento y tantas reservas que hubo, sólo accedieron y medianamente, a seis.

Acá, tanto nosotros, como otros partidos políticos, llevaremos también muchas reservas, hablaremos al respecto, fundamentaremos nuestros planteamientos y esperamos que exista respuesta del partido mayoritario aquí en la Cámara de Senadores.