Solicitan actualizar protocolos policiacos en materia de uso de la fuerza

Solicitan actualizar protocolos policiacos en materia de uso de la fuerza

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Leobardo Reyes

El Congreso de la Ciudad de México urgió a las 32 entidades federativas del país a armonizar y actualizar los protocolos de actuación policial con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y capacitar de manera urgente a todos los cuerpos policiales que integran las instituciones de seguridad pública o ciudadana en dicha materia y con estricto apego a los derechos humanos, para evitar hechos tan lamentables como el efectuado por policías de Quintana Roo que causaron la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza.

El Poder Legislativo local aprobó un punto de acuerdo presentado por la legisladora Leticia Varela Martínez, quien indicó “hace unos días vimos el triste y lamentable caso de Victoria, una mujer que murió a causa de la pésima actuación policial en la ciudad Tulum. Casos como el de Victoria Salazar por supuesto que no pueden volver a ocurrir en ninguna ciudad de nuestro país”.

Varela recalcó, “para evitarlos las instituciones públicas y ciudadanas de cada entidad del país deben asegurarse de que ningún elemento desconozca los protocolos y niveles de aplicación del uso de la fuerza, aunque la legislación faculta a las diversas policías del país para emplear el uso de la fuerza cuando es estricta y físicamente necesaria, se siguen dando muchos casos de uso excesivo de ella lo que ha derivado en graves lesiones, incluso ha causado la muerte de las personas a quienes se le ha aplicado una fuerza desmedida y mal aplicada por parte de elementos policiacos que no están debidamente capacitados”.

Subrayó, “en un estado de derecho democrático, la policía es la única facultada para que en circunstancias excepcionales pueda solicitar a los ciudadanos de manera obligatoria un comportamiento determinado, con la finalidad prevenir alguna conducta que pueda derivar algún delito o poner en riesgo la vida de los demás o la propia, aplicando así de manera inmediata solo si es necesario el uso de la fuerza, de acuerdo al nivel de resistencia, conforme lo establecen los ordenamientos jurídicos vigentes”.

Manifestó, el uso de la fuerza que pueden ejercer los cuerpos de seguridad pública y ciudadana se deben llevar cabo de acuerdo al nivel de resistencia de los detenidos, y en estricto apego a la establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el ordenamiento jurídico vigente en cada estado, siempre respetando los derechos humanos de las y los implicados.

Comentó,  se tienen que establecer los mecanismos de control y evaluación descrita en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para que ningún policía se exceda o actúe al margen de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. De esa manera se evitará que se trasgreda y se vulnere la dignidad humana, así como los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal.

Señaló, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido en diversos casos contenciosos, que los Estados que forman parte de este sistema tienen el derecho de emplear el uso de la fuerza con el fin de garantizar la seguridad, y mantener el orden público de su territorio por parte de los policías encargados en la materia.

Añadió, “el uso de la fuerza que ejercen las autoridades encargadas de brindar seguridad pública y mantener el orden público, tiene que ser planeada y utilizada como la última medida cuando se hayan agotado todos los medios para controlar una situación de violencia o resistencia”.