Hasta el lunes definen situación jurídica de líder de ambulantes Diana Sánchez

Hasta el lunes definen situación jurídica de líder de ambulantes Diana Sánchez

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José Ángel Somera

Un juez de Control de la Ciudad de México dictó prisión preventiva y calificó legal la detención de la líder de comerciantes informales y candidata a diputada por el distrito IX de la alcaldía de Cuauhtémoc por la Coalición ““Va Por México” Diana Sánchez Barrios, por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.

La Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informaron que la defensa de Sánchez Barrios, solicitó la ampliación del término constitucional para que se le defina su situación jurídica, es decir su la vinculan o no a proceso por los referidos delitos el próximo lunes.

Sánchez Barrios fue asegurada la noche del miércoles en calles de la colonia Tabacalera, en cumplimiento a un mandato judicial librado en su contra por el  juez de control de la Unidad de Gestión Judicial 12, por la probable comisión de los delitos de extorsión agravada diversos dos continuado, y robo agravado en pandilla, recibió prisión preventiva justificada.

La FGJCDMX mencionó que el modus operandi de la organización que posiblemente lidera Sánchez Barrios, es llevar a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en contra de agremiados y a otros, y una vez que las personas se ven afectadas, poder exigirles el pago de cuotas, a cambio de no dañar su integridad física o patrimonial.

Esto con base a las declaraciones del expolicía preventivo Martín Rebolledo –tiene seis carpetas de investigación en su contra por robo, lesiones y despojo, y su esposa Claudia, quienes acusan a la dirigente de ambulantes de que posiblemente exigía el pago por “derecho de piso” o supuestas cuotas a agremiados, mismos que llegaron a ser secuestrados, extorsionados o amenazados de muerte si se negaban a cubrir lo solicitado o retrasarse en sus pagos.

Además de que los trabajos coordinados entre la Fiscalía de Asuntos Relevantes y elementos de la Policía de Investigación refieren la probable participación de Sánchez Barrios, como coautora material en los hechos.

Por otra parte, el vocero de la FGJCDMX Ulises Lara López informó que a Sánchez Barrios y a otras más, se les relaciona con al menos cinco carpetas de investigación, en las que se denuncia que dicho grupo exigía el pago de cuotas o el denominado “cobro de piso”, a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes, así como a trabajadores de los mismos, a cambio de no afectar sus negocios ni su integridad física.

Comentó, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó el congelamiento de las cuentas bancarias de la lideresa de comerciantes. La propia UIF presentó una denuncia ante el Ministerio Público de esta Fiscalía el 7 de diciembre de 2020, en la que se señalaron operaciones financieras irregulares de dos asociaciones de las cuales ella forma parte.

Detalló, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía dichas asociaciones posiblemente habrían recibido millonarias cantidades en cientos de depósitos de afectados que eran presionados a pagar las cuotas mencionadas. Hasta este momento, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto integra al menos cinco carpetas de investigación, incluyendo la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de otras tres, entre ellas la primera que se inició, en octubre de 2019, derivado de la querella presentada por comerciantes de la colonia Ribera de San Cosme.

Además, se investigan otras prácticas que podrían derivar en la comisión de delitos como invasión de bienes inmuebles, entre ellos comercios, departamentos y hasta edificios, así como el uso de armas de fuego y privaciones de la libertad.

En tanto, el abogado de Sánchez Barrios, Eduardo Acosta manifestó que este caso “es fabricado por el gobierno capitalino, con hechos simulados, falsos y sin sustento jurídico, hay línea del GCDMX al juez quien 24 horas antes de librar la orden de aprehensión contra Diana, informó al juzgado XIV de distrito de amparo en materia penal que no requería del juicio de garantías, por lo que se le retiró, eso es sospechoso”.

Añadió, “este un caso político, los familiares de nuestra cliente dijeron que en noviembre pasado los testigos de la FGJ les obligaron a declarar en su contra, sin tomar en cuenta que hace unos días se anunció su candidatura a diputada local, eso dice mucho”.