ICC México solicita rechazar reforma a industria eléctrica

ICC México solicita rechazar reforma a industria eléctrica

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Hugo Martínez Zapata

La Reforma presidencial de la Industria Eléctrica enviada al Congreso de la Unión debe ser rechazada por la afectación en la producción de energías limpias y la incertidumbre que genera en los inversionistas, afirmó el International Chamber of Commerce México (ICC México).

Además, afecta irreversiblemente los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano, y se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos.

Aseveró que en momentos en que la prioridad del país debería centrarse en la preservación de las empresas que aún se mantienen en pie y los empleos, además de la inversión de inversiones productivas, la recuperación de la economía y el desarrollo de condiciones más competitivas para la industria nacional.

La aprobación de la reforma propuesta afectaría a usuarios finales (servicio básico y calificados), desarrolladores, generadores, permisionarios (autoabastecimiento / cogeneración) y sus socios autoabastecidos, permisionarios / contratistas (producción independiente) y en general a diversos sectores de la sociedad, a la salud de los mexicanos, al medio ambiente y la economía nacional.

Adicionalmente dichos cambios constituyen una falta grave al estado de Derecho y se contraponen a principios constitucionales y compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que hace imposible la aplicación de dicha reforma y, por supuesto, da pie a los mecanismos de defensa para contrarrestarla.

El Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos–Canadá (TMEC), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), hablan con todas las letras de la prohibición de los monopolios, la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

En el concierto nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe sujetarse a los principios constitucionales y de competencia económica como un ente regulado más en el mercado eléctrico, por lo que hacer lo contrario como lo propone la Iniciativa Preferente, generaría un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano para las demás empresas participantes y establecería nuevamente un monopolio estatal. De igual forma, se estaría contraviniendo la Ley de Transición Energética.

En la International Chamber of Commerce México “nos pronunciamos porque haya una mejoría en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la compra y distribución eficiente de energías limpias y más baratas que beneficiarán al consumidor final; certidumbre para los inversionistas en las reglas del mercado para la producción de energías sustentables y sostenibles; una mayor y más sana competencia en el sector energético mexicano y, sobre todo, mayor eficiencia en la producción de energía”.