Chocan ONU y Segob por caso de calcinados en Camargo, Tamaulipas

Chocan ONU y Segob por caso de calcinados en Camargo, Tamaulipas

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José Ángel Somera

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), consideró que el hallazgo de 19 cadáveres calcinados a bordo de tres camionetas muy cerca del poblado de Camargo, Tamaulipas el lunes pasado, es similar a las tumbas clandestinas de San Fernando ocurrida en 2010, en las que se hallaron los cuerpos de 72 migrantes asesinados por los “Zetas”, en tanto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aclaró que no es el mismo caso, y que el gobierno federal brindará el apoyo legal y humanitario a los deudos de las víctimas.

En ese sentido, el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado indicó “estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las victimas serían guatemaltecas”.

Los reportes refieren que las víctimas son 16 hombres, una mujer y dos por determinar, hasta el momento no se conoce la identidad de las víctimas, aunque varios testimonios afirman que serían migrantes centroamericanos víctimas del tráfico de personas, mientras que otros reportes apuntan a un choque entre dos bandas criminales.

Fernández-Maldonado resaltó que «la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas, y esto los lleva a ser posibles víctimas de «graves violaciones» de los derechos humanos”.

Apuntó, “estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación».

Mientras que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró “que la desaparición de personas constituye un fenómeno devastador para las víctimas directas e indirectas, que sume a la sociedad en un estado de luto permanente y propicia la descomposición del tejido social que puede conducir a otras violaciones de derechos humanos”.

Manifestó, “el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad por esta deuda histórica para construir una respuesta no solo institucional, sino sensible, empática, que ayude a terminar de una vez por todas con estos casos. Queremos llegar hacia un Estado donde no exista la necesidad de búsqueda de personas, que cambie su rostro y deje de ser un terreno en el que las fosas sean la constante para convertirse en un Estado no de políticas reactivas sino de prevención”.