En 2020 la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico: ONC

En 2020 la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico: ONC

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José Ángel Somera

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) Francisco Rivas, difundió ayer el Análisis del comportamiento de delitos en 2020 “Enfoque especial en homicidio doloso”, el cual destaca que durante el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país”, y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno por Andrés Manuel López Obrador.

Consideró difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28% en tasas por 100 mil habitantes), “sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal. Este porcentaje refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro”.

Recalcó, “no se observa alguna política pública específica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”.

Comentó, el análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja se observa a partir del inicio de la pandemia, marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro, que la disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio.

Apuntó, “hasta el pasado noviembre, 2020 seguía siendo el año con más víctimas. La disminución anual se debe a un descenso importante en el mes de diciembre. Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”.

Alertó, el recorte presupuestal que han tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto, “no debe ser manejado políticamente, la comunicación de las autoridades debe ser clara y transparente, sustentada en datos y con metodología clara y replicable. Forzar la información no sólo confunde a la ciudadanía si no que favorece la toma de malas decisiones de política pública”.

Detalló, a pesar de las deficiencias aún existentes en el registro e investigación de los feminicidios —todavía 3 de cada 4 se investigan como homicidio doloso de mujer— 2020 fue el año con más víctimas de este delito desde que se tiene registro. Los años 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que se deben retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. El abandono de las políticas de protección de estos  favorece que sean vulnerables, sobretodo en un contexto de pandemia.

Asimismo, se debe poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Estos delitos  exhiben la debilidad del sistema, y demuestran que existe violencia política que trasciende al número de víctimas, por lo que se debe poner particular atención al desarrollo de una estrategia de seguridad puntual, preventiva y no meramente reactiva

Agregó, “el próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. En todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público. Por lo que el gobierno federal más que privilegiar una estrategia de comunicación política que niegue o minimice la falta de seguridad, debe velar por la contención y prevención tanto de las diversas actividades delictivas como de la violencia política”.