Plantean aumento en penas por acoso sexual en espacios públicos y transporte

Plantean aumento en penas por acoso sexual en espacios públicos y transporte

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Leobardo Reyes

La diputada Ana Cristina Hernández Trejo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local y sancionar con cuatro años de prisión el acoso sexual cuando se cometa en espacios públicos y en el transporte público, “uno de los fenómenos más frecuentes de violencia e inseguridad es el acoso sexual en la vía pública y medios de transporte”.

Hernández Trejo indicó que estas conductas afectan a personas de ambos géneros, pero más a las mujeres y atentan contra la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que se propone aumentar la pena y sancionar hasta con cuatro años de prisión dicha conducta; actualmente la norma señala que es de 1 a 3 años la sanción.

Apuntó, “si bien, el código penal local vigente contiene en su artículo 179 el tipo penal de acoso sexual, es necesario establecer un agravante respecto al acoso sexual en espacios públicos y medios de transporte, con la finalidad de garantizar una movilidad más segura y poder transitar de forma libre por las calles de la ciudad, además de hacer uso del transporte público sin que el acoso callejero sea un problema para las y los ciudadanos”.

Por otra parte, el diputado Ricardo Ruiz Suárez promovió una iniciativa que busca ampliar la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos por actos imputables al Estado, “la propuesta contempla incluir como causas que ameriten la reparación del daño o indemnización a las víctimas, la detención arbitraria, el retraso injustificado o inadecuada administración de justicia en los procesos penales”.

Por otra parte, frente a las limitaciones económicas que impone la pandemia y el aislamiento social por el Covid-19, diputadas locales propusieron garantizar la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables, y la debida integración de las dietas que se ofrecen en los comedores sociales, para que sean nutritivas, sanas y balanceadas

Durante la sesión ordinaria virtual de ayer, las legisladoras Marisela Zúñiga Cerón y Guadalupe Morales Rubio, plantearon al Pleno una serie de reformas para enriquecer la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México.

Por separado, Marisela Zúñiga indicó que debido a la emergencia sanitaria, algunos grupos poblacionales, principalmente aquellos que se encuentran integrados en los de atención prioritaria han tenido dificultades para acceder a los diversos bienes y servicios.

Consideró necesario reforzar el andamiaje jurídico para que las necesidades alimentarias estén garantizadas en situaciones de emergencia. Ante eso, propuso reformar la citada ley para establecer la obligatoriedad de las autoridades responsables de garantizar el servicio de comedores sociales fijos e itinerantes, cuando se presenten condiciones extraordinarias, y en donde se distribuyan los alimentos para consumo en el hogar, y de esta manera, evitar la exposición de las personas a algún riesgo.

Mientras que Morales Rubio planteó reformar la misma ley, y establecer la obligatoriedad a los Comités de Administración y Grupos Solidarios de los comedores sociales de cumplir con la seguridad alimentaria y nutritiva, con una dieta sana y balanceada.