Ajustan ley de remoción de servidores públicosen materia de corrupción

Ajustan ley de remoción de servidores públicosen materia de corrupción

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Leonardo Juárez  R.

El legislador local Eleazar Rubio Aldarán promovió una iniciativa para que en el caso de los titulares de las 16 demarcaciones territoriales, “si bien es cierto que están sujetos a un control y vigilancia central por parte del gobierno de la Ciudad de México, también lo es que la actual Ley que regula el procedimiento de remoción de los mismos por este Congreso y en particular por la Comisión Jurisdiccional, se encuentra rebasada por remitir al abrogado Estatuto de gobierno del Distrito Federal para encausar las hipótesis en las que un alcalde de nuestras demarcaciones territoriales puede ser llamado para el procedimiento de remoción”.

Explicó, resulta evidente y necesario armonizar la ley de procedimiento de remoción con los ordenamientos que han sido instaurados recientemente, como  la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías, las leyes que integran nuestro Sistema anticorrupción y por su puesto nuestra Máxima Carta Magna, normativas que prevén las causales por las que un Alcalde podría ser llamado por este Congreso para rendir cuentas y en su caso ser removido como por ejemplo por actos de corrupción, faltas graves contra el patrimonio público y por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Asimismo, Rubio Aldarán inscribió la iniciativa que reforma el artículo 25 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. “La razón por la que se modifica la ley corresponde al mensaje que emitieron los tribunales federales, quienes han sostenido que la protección de datos personales constituye un derecho vinculado con la salvaguarda de otros derechos fundamentales inherentes al ser humano”.

Explicó, “el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los denominados derechos ARCO, relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, como un medio para garantizar el derecho de los individuos a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, y la posibilidad de exigir su cumplimiento a las autoridades y particulares que conocen, usan o difunden dicha información”.

Apuntó, “por lo que consideramos necesario que los órganos internos de función que regula la ley de protección de datos personales deben ser garantes en primera instancia de la protección y persecutores de aquellos que violen en detrimento de otra persona los hechos que consideran y desean no sean conocidos por la sociedad”, La iniciativa se turnó a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.