Contradice gobierno federal la doctrina Estrada con extradiciones a EUA

Contradice gobierno federal la doctrina Estrada con extradiciones a EUA

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José Ángel Somera

El presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Alberto Woolrich Ortiz, aseguró ayer que el gobierno federal viola con las extradiciones a Estados Unidos de Norteamérica de connacionales presuntamente relacionados con hechos delictivos, viola flagrantemente diversos preceptos legales y derechos humanos.

El penalista recordó que en lo que va de la presente administración federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y PGR han extraditado, la mayor de las veces a Estados Unidos, a casi un millar de connacionales presuntamente relacionados con hechos delictivos, contradiciendo la doctrina Estrada y “faltando el respeto a tribunales mexicanos, ya que en casi el 100 por ciento de los casos los inculpados no han concluido sus procesos y mucho menos sentenciados”.

Recalcó que “la entrega de mexicanos a gobiernos extranjeros por la presunta comisión de hechos delictivos, deja a éstos en total estado de indefensión, ya que serán juzgados con base en leyes distintas a las de su país, se enfrentarán a jueces, fiscales y jurados muchas veces de consigna, alejados de sus familiares, sin recursos económicos para su defensa y a meced a sus verdugos, ya que la mayoría de las extradiciones a Estados Unidos son selectivas, a gusto de las autoridades estadounidenses”.

Aclaró que no es porque se esté contra este tipo de extradiciones, pero deben de realizarse con estricto apego a derecho, tal y como dicta nuestra constitución y con absoluto respecto a los derecho humanos, la finalidad “es que nuestros connacionales que sean extraditados no queden en estado de indefensión, como actualmente ocurre, y que dichas acciones sean ordenadas por autoridades judiciales, no diplomáticas, ya que estas tienen otra misión, que no es propiamente la de extradiciones”.

Hizo un llamado a los legisladores de los distintos institutos políticos a efecto de evitar más extradiciones extralegales, “claro ejemplo lo constituye Alfredo Beltrán Leyva, cuyos representantes legales solicitaron en el juzgado sexto de distrito de Amparo en Materia Penal de Jalisco la protección de la justicia federal –número 1559/2014/VI–  a efecto de que las autoridades ministeriales de la Federación informaran si tenía pendientes actuaciones judiciales y de ser ciertas se suspendería su posible extradición, toda vez que, con base en la ley, puede ser extraditado a Estados Unidos o alguna otra nación que le requiera siempre y cuando haya sido juzgado y sentenciado, lo que en el 100 por ciento de los casos de extradición no ocurre”.

Subrayó “no se trata del acuerdo de extradición dictado por el secretario de Relaciones Exteriores el 26 de noviembre de 2013 ni tampoco alguna consecuencia directa o indirecta del mismo, sino de actuaciones judiciales pendientes”.

Expuso que en los autos de este juicio las autoridades judiciales federales concedieron la suspensión de plano a Alfredo Beltrán para que no se llevara a cabo la orden de extradición temporal y traslado a Estados Unidos, no obstante lo cual por órdenes de la referida SRE, el quejoso fue entregado a autoridades estadounidenses para ser juzgado, sin que en México se le dictara sentencia o bien concluido el juicio que enfrentaba por la comisión de presuntos hechos delictivos.

Insistió “situaciones similares han enfrentado y enfrentaran, otras personas que son requeridas por la justicia norteamericana por la supuesta comisión de conductas delictivas, mientras que las autoridades mexicanas no se atreven a solicitar a sus homólogas del vecino país del norte entregue en extradición a los policías que con frecuencia asesinan en su territorio a connacionales. Sería conveniente que tanto las autoridades diplomática como ministeriales y policiales informaran a la sociedad el número de extradiciones que el gobierno de Estados Unidos les han concedido y se verá que el número es mínimo, ya que los norteamericanos si pueden perpetrar cualquier delito contra migrantes mexicanos con la seguridad de que no serán sancionados”.