Guanajuato vive nueva ola de violencia

Guanajuato vive nueva ola de violencia

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Nuevamente el estado de Guanajuato vivió una jornada de violencia cuando este fin de semana se registraron varios sucesos que arrojaron muertos y heridos, sin que las autoridades tengan otro argumento más que el de condenar los hechos.

En el más reciente de los hechos, un policía y su esposa fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron en su casa en Uriangato, Guanajuato.

Se dice que hombres armados irrumpieron de manera violenta en un domicilio de la colonia Mangas del Pirul y asesinaron a un policía activo del municipio de Moroleón y a su pareja, una mujer que también había sido policía.

Los testigos mencionaron que dos personas armadas llegaron enuna motocicleta de color negra con rojo e ingresaron de manera violeta, después se escucharon los disparos de las armas.

Al investigar los uniformados vieron a un hombre por fuera de la casa y una mujer en el piso de la vivienda y sangrando, por lo que pidieron apoyo de los paramédicos.

Antes, el sábado se registraron ataques simultáneos a dos domicilios en Celaya que operaban como talleres de motocicletas, a los cuales posteriormente se les prendió fuego.

Hombres armados atacaron a balazos el taller de motocicletas ubicado sobre la calle Viuda de San Román, esquina con Agapito Araujo, en la colonia Emeteria Valencia.

Se reportaron dos fallecidos en el sitio, al parecer el propietario de unos 21 años y otra persona.

Casi al mismo tiempo hubo otro ataque a balazos en un domicilio también habilitado como taller en la colonia Villas del Romeral, en la calle Villa del Carbón.

Ahí murieron al menos dos personas e incluso testigos dicen que se arrojó una granada.

Antes estos hechos, la organización Causa en común ya había señalado que los policías del país se encuenntran en franco proceso de deterioro, y ninguna cumple con los mínimos requisitos dedesarrollo establecidos en la ley. A los presupuestos absurdos y mal ejercidos, a las condicioneslaborales abusivas, a los bajos salarios, a la ausencia de una carrera policial, y a la criminalidadrampante, se suma la indiferencia social ante el asesinato impune, en promedio, de más de unpolicía cada día. Del 2018 a la fecha, se han registrado, al menos, 1,389 asesinatos de policías.

Resulta particularmente ominoso que algunos responsables de estas corporaciones permanezcanimpávidos e inmóviles ante el asesinato de aquellos que tienen encomendada la seguridad de laciudadanía, ellos incluidos.

Así como el asesinato cotidiano de policías simboliza trágicamente su fragilidad individual y nuestrafragilidad institucional, los abusos que algunos de ellos cometen reflejan ladescomposición quedefine a buena parte de las corporaciones policiales. Como hemos yseguiremos reiterando, dichosabusos deben castigarse. No hay nada, absolutamentenada, que los justifique, pero también resultaevidente la hipocresía de ignorar a los caídos, de ignorar las condiciones en que se jugaron la vida,de ignorar las circunstanciasen las que sobreviven, e indignarse cuando los resultados no son losque se esperanobtener por arte de magia, sin presupuestos, sin programas, sin controles, y sincondiciones mínimas de desarrollo.

Vamos para casi dos años, y el gobierno federal no ha presentado los diagnósticos,mecanismos niobjetivos verificables, componentes mínimos de cualquier estrategia deseguridad pública que vayamás allá de frases vacías. Hoy se están viviendo lasconsecuencias de haber insistido en un discursoindulgente con los criminales, y de haberpromovido una corporación militarizada e inoperante, altiempo que se profundiza elabandono de las policías locales. Pero dicho abandono, gravísimo ensus propios términos,tampoco va solo. En lo que parece ser una definición general para ladesinstitucionalización del país, tampoco existe, y debiera existir, un proyecto para elfortalecimiento de las fiscalías, que les garantice, entre otros aspectos, autonomía técnicaypresupuestal, una auténtica carrera ministerial, y servicios periciales con solidezcientífica eindependencia técnica. Tampoco se presta la mínima atención, y debiera, a la crisis penitenciaria.

Tampoco se contempla, y debiera, una política de prevención que levante la mira más allá de laentrega de un cheque.

El camino militarista que hoy se promueve a través de la Guardia Nacional, y la imparable asignaciónde funciones y proyectos civiles a las instituciones militares, es un abuso de la confianza y acreditación social con las que merecidamente cuentan. Es tambiénincompatible con una repúblicademocrática que define claramente los límites políticos,funcionales y operativos de sus FuerzasArmadas, en función de su responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional. En el caso denuestro país, también en función de su invaluable apoyo en casos de desastres naturales. Lejos de loque usualmente semanifiesta como crítica, el actual desborde militarista debilita a las FuerzasArmadas, además de debilitar, en un contexto de “austeridad” inmisericorde, a las policías; y de

atentar contra nuestra democracia. Peor aún, como ya debió haberse aprendido, ni siquiera desdeun punto de vista estrictamente utilitario, tiene sentido enfrentar los problemas de criminalidad yviolencia con despliegues militares o militarizados. Aquí, y en cualquier otro país, se resuelven con 2acciones eficaces de prevención, que atiendan circunstancias que favorecen la violencia, y concuerpos de policía que, a nivel federal y local, desarrollan permanentemente capacidades deinvestigación e inteligencia, así como una cultura de proximidad social.