Niegan protección de la justicia federal a excolaboradores de Rosario Robles

Niegan protección de la justicia federal a excolaboradores de Rosario Robles

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José Ángel Somera

El primer Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México negó el juicio de garantías promovido por la defensa de excolaboradores de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social /Sedesol) y Secretaría de DesarrolloAgrario, Territorial y Urbano (Sedatu),Rosario Robles Berlanga –interna en el penal femenil de Santa Martha-, y un exfuncionario universitario, contra el auto de vinculación a proceso, por su presunta responsabilidad en el daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.

El recurso legal fue promovido por los abogados de la exdirectora de Recursos Financieros de la Sedesol, Martha Lidia Montoya Santos; al exdirector general de Desarrollo Comunitario de la misma institución, Israel Torres Gutiérrez, y al abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), José Roberto Aguilar Fuentes.

La decisión del órgano jurisdiccional por el momento no ha sido notificada formalmente a la defensa de los exservidores públicos, y tampoco se ha publicado la sentencia.

Los exservidores públicos presentaron un amparo contra la resolución de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, quien el 18 de diciembre de 2019 en la causa penal 391/2019, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en noviembre pasado, por la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta.

En esa ocasión la impartidora de justicia consideró que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), fueron suficientes para acreditar el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La dependencia federal en sus investigaciones expuso que Lidia Montoya y Torres Gutiérrez autorizaron de manera ilegal un pago de 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de comedores comunitarios en el Estado de México.  Los fiscales de la FGR, durante la audiencia manifestaron al juez de la causa que se contrató a la UPCH, pero existió una pérdida de documentación que acreditara la ejecución de las obras.

La institución a cargo de Alejandro Gertz Manero, destacó que los pagos fueron adjudicados entre el 14 de abril y 6 de mayo de 2015, durante la Cruzada Nacional contra el Hambre La Sedesol no verificó si la UPCH tenía la capacidad técnica, material y humana para realizar la mejora de los comedores comunitarios.