Jaime Bonilla respeta decisión de la SCJN

Jaime Bonilla respeta decisión de la SCJN

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Tras conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que su mandato durará dos años, el Gobernador de Baja California aseguró que respetará la decisión, misma que decretó inconstitucional ampliar su mandato de dos a cinco años.

“En la democracia se gana y se pierde, así como gané con el 60 por ciento de la votación, ahora perdimos con el 100 por ciento de los ministros por sus razones; yo sigo pensando en que tengo la razón, pero acepto la decisión y se acabó”, dijo.

El Gobernador dijo que su Gobierno seguirá trabajando de la misma manera y aseguró que estaba preparado para cualquier decisión de la Corte: “Vamos a seguir igual, esto no va a cambiar el énfasis, si ellos creen que nos van a redirigir, para nada, al contrario. Siempre pensamos que era una posibilidad (que se declarara inconstitucional) de que votaran como votaran”.

Cabe recordar que Jaime Bonilla se presentó a las elecciones para un período de dos años pero, tras ganar los comicios, el Congreso de Baja California, con ayuda de los legisladores de Morena y el PAN, modificó la ley para alargar su mandato a cinco años.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue muy duro con la Ley Bonilla, a la que definió como “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático” en México.

Aunque el cargo de Gobernador era tradicionalmente por un período de seis años, en estas elecciones se estableció un mandato de solo dos años debido a la reforma electoral mexicana de 2014 para homogeneizar los procesos electorales del país.

Desde el gabinete de Bonilla defendieron la constitucionalidad de la iniciativa puesto que, a su entender, los ciudadanos desconocían la duración exacta del mandato por el que estaban votando.

El Presidente López Obrador se deslindó de la polémica y se limitó a emplazar a “las autoridades competentes” a resolver el asunto.

Sin embargo, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocida exmagistrada de la Suprema Corte, defendió entonces que la Ley Bonilla era “legal”.