Aprueban dictamen para designar a integrantes del Consejo ciudadano de búsqueda de...

Aprueban dictamen para designar a integrantes del Consejo ciudadano de búsqueda de personas

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La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso local aprobó por unanimidad el dictamen para la designación de los 13 miembros que integrarán el Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

El presidente de la Comisión, diputado Emmanuel Vargas Bernal, informó que este Consejo estará integrado por Martín Villalobos Valencia, Juana Laura Garrido Ibarra, Ana María Panales Delgado, Patricia Manzanales Ochoa y Teresa Vera Alvarado, como familiares de personas desaparecidas; mientras que Elena Azaola Garrido, Jorge Ruiz Reyes, Antonio Rueda Cabrera y María Margarita Guillen Tamayo, representan al grupo de especialistas de reconocido prestigio en la protección  y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación.

Asimismo, detalló que en el rubro de representantes de las organizaciones de la sociedad civil de defensa de víctimas y de derechos humanos, se aprobó la designación de Iliana Ruvalcaba López, Natalia Pérez Cordero, Omaira de Jesús Ochoa Mercado y Valentina Peralta Pura.

El congresista precisó que la duración de las funciones honorificas del consejo será de tres años, sin posibilidad de reelección, y que además no deberán desempeñar ningún cargo en el servicio público.

Vargas Bernal destacó que entre las atribuciones del Consejo Ciudadano están la facultad de proponer a la Comisión de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus competencias; platear acciones para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses; solicitar información para hacer las recomendaciones pertinentes; acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta la Comisión de Búsqueda, para el ejercicio de sus atribuciones; y dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.