Se cumple un año de la explosión en Tlahuelilpan

Se cumple un año de la explosión en Tlahuelilpan

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Marisol Hernández

Mañana, 18 de enero, se cumplirá un año de la tragedia que vivieron los habitantes de Tlahuelilpan Hidalgo, cuando un ducto de gasolina explotó y cobró la vida de 137 personas exhibiendo uno de los mayores problemas de la entidad, la ordeña de combustible, actividad a la que se dedican cientos de familias y que a pesar de los discursos, sigue siendo un grave problema, no sólo en Hidalgo, sino en todo el país.

Hoy el presidente Andrés Manuel López dará un informe sobre la investigación del caso y los apoyos entregados a los familiares de las víctimas.

No obstante, tanto los habitantes de Tlahuelilpan, como el alcalde Juan Pedro Cruz señalan que los apoyos y las supuestas ayudas, son mediáticas porque a ellos les sigue faltando el verdadero impulso para rehacer su vida y reactivar la economía del pueblo.

Del mismo modo, exigen al gobernador de Hidalgo Omar Fayad deje de mentir sobre supuestos apoyos.

Alcalde de Tlahuelilpan

Juan Pedro Cruz Frías ha hecho referencia en varias ocasiones sobre la situación en que se encuentra, pues afirma, que ningún secretario del gabinete presidencial, incluido el de Hacienda, Arturo Herrera, le haya respondido el teléfono para atender sus demandas de programas para el municipio.

El alcalde asegura que sigue tocando puertas por lo menos para saber dónde quedó todo lo prometido.

“No hemos tenido ningun apoyo. Sigo apelando a una audiencia con el presidente de la República, pues nos han brindado los apoyos nacionales como los de la Secretaría del Bienestar, pero un apoyo especial creado para nosotros, no”, especificó.

Destacó que por parte del gobierno del estado de Hidalgo se etiquetaron 28 millones de pesos, según lo publicado en el Diario Oficial, pero esos recursos tampoco se los entregaron.

Sabe perfectamente que este sábado todo el país volverá la vista nuevamente hacia Tlahuelilpan, pero de ahí a que se puedan solucionar los pendientes, lo ve lejano.

Aumenta la “ordeña”

Lo cierto es que la explosión que dejó una tragedia no impactó como debiera a la población pues para su mala fortuna la ordeña de ductos ha aumentado, pese a lo que diga el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

El año pasado se reportaron 17 tomas clandestinas en Tlahuelilpan, Hidalgo. En febrero aumentaron a 20 y en marzo a 40, para septiembre la cifra llegó a 161 tomas clandestinas reportadas por Seguridad Física de Pemex.

De acuerdo con cifras oficiales de Pemex, en el periodo de enero a septiembre, Tula cerró con 347 tomas clandestinas, 2.6 por ciento más que en el mismo periodo de 2018.

No son víctimas

Sobre esta situación hubo la petición de diputados panistas en el sentido de considerar víctimas a los fallecidos y sobrevivientes de la explosión, a lo cual, legisladores de Morena se negaron.

Cabe recordar que en el exhorto se pedía a la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran las acciones necesarias para emitir el reconocimiento de calidad de víctimas, a fin de que se les brindaran todas las medidas, beneficios y derechos que establece la ley general en la materia.

El senador de Morena Germán Martínez pidió que se retirara esa propuesta.

Advirtió que en la ordeña del ducto se estaba cometiendo un delito y que no se sentiría “cómodo” dando a esas personas el reconocimiento de víctimas.

“Que se registre a las víctimas conforme a derecho. Yo no quiero registrar, no me sentiría cómodo, acompañar una resolución que registre como víctima a un incendiario”, reprochó en su intervención.

El ex director del IMSS recordó que a él le tocó supervisar y garantizar la atención médica a decenas de quemados de la explosión.

“Ahí hay un delito que necesita deslindarse y responsabilizar a quien lo cometió”, argumentó Martínez.

Consideró que no corresponde dar calidad de víctima a quien comete un delito.

“No se puede decir que se desatendió (el caso), pero hay una secuela penal, de la que se pide un informe a la Fiscalía y, en cuanto se deslinden esas responsabilidades y se avancen los expedientes, podemos reconocer y recomendar a las víctimas”, indicó el legislador de Morena.

Agregó que al reconocer a esas personas como víctimas se fortalecía su argumento de que hay una responsabilidad civil y patrimonial del Estado.

“Y no quiero acompañar esa decisión”, explicó el ex dirigente del PAN.

La diputada María de los Ángeles Huerta aseguró que los muertos y heridos de la explosión ya fueron tratados y atendidos como víctimas.

PAN Damián Zepeda del PAN defendió la propuesta de su partido, al señalar que, sin determinar ni esperar a que haya responsabilidades penales, los familiares de los fallecidos y heridos pueden ser beneficiarios de lo establecido en los artículos 101, 106, 109 y 110 de la Ley General de Víctimas.

Afirmó que no hay ese reconocimiento legal, aunque se les haya dado una atención médica como víctimas.

Consideró que se les debe inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, con lo que accederían a todas las medidas de ayuda y atención que establece dicha ley.

“No estamos juzgando ni quiere decir que fueron culpables. En lo que hay investigación y se recomienda a la Comisión Ejecutiva que les dé calidad de víctimas es para que accedan a apoyos, para probar que son víctimas.

El senador del PT Miguel Ángel Lucero Olivas consideró que hay diferentes víctimas porque no son del mismo tipo las que sucumben en un “terremoto natural” frente a quienes acudieron, “por propio pie”, a realizar un delito.

“Hasta no tener un informe no podemos avanzar ni condenar. La atención se les está dando y sólo se pide el informe. Hay otro tipo de víctimas”, sostuvo.

De tal manera que se pidió a la Fiscalía General de la República que informe los avances en la integración de las carpetas de investigación que inició con motivo de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le solicitó que presente avances sobre el expediente de queja que inició de oficio y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se le requirió que precise las acciones que ha llevado a cabo con relación a la explosión del ducto.