Cambios a Ley de Ingresos, son mejorales para atender reclamos

Cambios a Ley de Ingresos, son mejorales para atender reclamos

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El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, acusó que los “ajustes” a la propuesta de presupuesto 2020 dados a conocer en días pasados por la Coordinación de Morena en este recinto, son un engaño. Antonio Ortega Martínez, aseguró que no tienen el propósito de impulsar el desarrollo, sino reforzar el clientelismo electoral previo a los comicios más grandes de la historia del país, donde se disputan 3 mil 495 cargos populares en las 32 entidades federativas; y donde más de la mitad del padrón son jóvenes, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad y pobreza.

 El diputado federal no descartó “confrontaciones de riesgo” si se quisiera forzar a las organizaciones que -desde la semana pasada- tienen tomado el recinto de San Lázaro y permitir el paso para sesionar y aprobar el dictamen que ellas rechazan. “No estamos seguros de que haya condiciones para que pueda realizarse la sesión en la Cámara de Diputados, lo más seguro, es que en las próximas horas tengamos información de que nos trasladaremos a una sede alterna”, mencionó.

De igual modo, aseveró que AMLO tiene garantizada la aprobación de su propuesta porque Morena ya tiene los votos que necesita. Dijo que se ha construido una “base segura” donde cerca de 290 diputadas y diputados han firmado un documento en el que se comprometen a “respetar íntegramente” la iniciativa del Presidente, dejando de lado el derecho y facultad exclusivos que tiene esta Cámara para hacer los ajustes que considere necesarios a la propuesta enviada por el Ejecutivo.

En su calidad de integrante de la Comisión de Presupuesto, Antonio Ortega dejó en claro entonces que los “cambios” anunciados por Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuéllar a tres partidas, “son mentiras, triquiñuelas mediáticas para engañar a la opinión pública” pues -en primer lugar- los 31 mil millones de pesos que “aumentarán las capacidades financieras de estados y municipios” corresponden a ajustes a fórmulas de los ramos 28 y 33 (transferencias a estados y municipios) del gasto federalizado.

Explicó que en el Ramo 33 (a municipios) se contemplan 759 mil millones de pesos ligados a proyectos y planes de la federación para atender temas de salud, seguridad, infraestructura, y educación; pero 31 mil millones de pesos se generan en función de nuevo ingreso.

Igual ocurre con 22 mil millones de pesos para el campo, ya que ese recurso es el asignado a dependencias que serán fusionadas para conformar FINAGRO, una especie de banca de desarrollo rural desde la que pretenden estimular proyectos productivos; pero sin recursos nuevos.

Una tercera partida -de alrededor de 12 mil millones de pesos- explicó, “es una especie de excedente logrado con modificaciones a la Ley de Ingresos y que prácticamente son ‘curitas, mejorales’, para atender reclamos como educación.

“Lo preocupante, expuso, es que son fondos insuficientes si hablamos de que se prevén, por ejemplo, 25 millones para educación especial; 450 millones a universidades; 125 millones a educación inicial; 220 millones para educación en línea; ciento y tantos millones para programas de educación superior. Estamos hablando de minucias, de migajas para lo que debiera ser un proyecto estratégico del gobierno: la educación y formación de nuestros técnicos y profesionistas”, resaltó.

“¡Este año vamos a invertir apenas 1.5 del PIB! ¡Es una burla! El presupuesto no obedecerá a las necesidades y problemas del país, sino al clientelismo electoral del régimen que pretende seguir preparando las condiciones para el 2021 y el 2024, un presupuesto determinado por caprichos y definiciones ideológicas que no corresponden a la necesidad real”, refutó.

Antonio Ortega lamentó finalmente que el presupuesto del 2020 no será herramienta para resolver los problemas del país sino para atender una visión ideológica y política de la realidad: “Los diputados estamos agotando un proceso de negociación política y podríamos dar a conocer que no hay elementos que nos hagan pensar en cambios sustanciales al proyecto de López Obrador”, concretó.

Uso discrecional de la fuerza pública

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, acusó que el Gobierno federal hace uso de la fuerza pública “de manera discrecional y para sus fines políticos” en la Cámara de Diputados.

Lo anterior, ya que ayer se observó la presencia de elementos policíacos en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se encuentran instalados manifestantes de diversas organizaciones campesinas que mantienen bloqueado el acceso al recinto.

“Cuando la CNTE realizó su plantón, la oposición demandó al entonces presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, garantías para que la Cámara de Diputados pudiera hacer su trabajo, y tanto el Ejecutivo como la Jefa de Gobierno, se negaron a establecer mínimas condiciones de seguridad para los legisladores y trabajadores”, recordó.

A través de un comunicado, añadió que, cuando inició el cerco de las organizaciones campesinas, se pidieron garantías de seguridad y libre tránsito para que las y los legisladores pudieran hacer su trabajo, y no hubo respuesta.

“Ahora, como se trata del Presidente, entonces sí se usó la fuerza pública para evitar que las organizaciones campesinas acudieran al desfile del 20 de Noviembre y pudieran molestar a Andrés Manuel (López Obrador)”, denunció.

De tal manera, dijo, es claro que “él define cuándo sí y cuándo no utilizar la fuerza pública y lo hace a conveniencia, a partir de sus intereses”.

La diputada repudió el trato que se le dio al presidente municipal de Tultepec, Estado de México, Armando Portuguez Fuentes, quien organizó, junto con otros ediles, un plantón en San Lázaro en demanda de mayor presupuesto para municipios.

Detalló que el presidente municipal prácticamente fue “expulsado de la Ciudad de México por dos patrullas, mientras que los habitantes de ese municipio que estaban en el plantón fueron encapsulados por un cerco policíaco”.

Afirmó que esta estrategia “no garantizar el trabajo de la Cámara de Diputados, y lo que busca es desgastar al Congreso de la Unión, responsabilizarlo de no sacar adelante el Presupuesto 2020, cuando quien se niega a atender las demandas de mayor presupuesto para diversas áreas prioritarias es la mayoría de Morena”.