Legislaturas Estatales pueden establecer supuestos de reserva de información

Legislaturas Estatales pueden establecer supuestos de reserva de información

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José Ángel Somera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió ayer “que si bien los congresos de los Estados pueden legislar en materia de acceso a la información pública y protección de datos, deben apegarse a los principios y bases establecidos en la Constitución Política y en la ley general en la materia”.

El Alto Tribunal al dictaminar  diversas acciones de inconstitucionalidad acumuladas, consideró que el legislador de Veracruz al agregar un supuesto distinto de los previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, para reservar información lo hizo sin apego a las bases establecidas en dicha norma.

Explicó, “el supuesto en cuestión establecía como información reservada la contenida en revisiones y auditorías, realizadas por órganos de control o fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten la conclusiones respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecuentes; mientras que la señalada Ley General establece que sólo será reservada aquella información que “obstruya” las actividades de verificación. Así, la mayoría de los Ministros determinó que la legislatura estatal no atendió el piso mínimo exigido”.

De esta manera, la SCJN invalidó la fracción X del artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz,  que consideraba como información reservada la contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente por los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presentaran ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y hubiera definitividad en los procedimientos consecuentes.

La SCJN indicó que las acciones de inconstitucionalidad 91/2016 y sus acumuladas 93/2016 y 95/2016, fueron promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad el 29 de septiembre de 2016.