Señalan diputados irregularidades en investigación de Iguala

Señalan diputados irregularidades en investigación de Iguala

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El Pleno camaral recibió el informe preliminar de las acciones desarrolladas, a menos de un mes, de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

La comisión especial argumenta, en el informe publicado en la Gaceta Parlamentaria, que a pesar de tratarse de un reporte especial, “comienza a formarse en el seno de la misma, más allá de la duda razonable, que existen medios de prueba que nos sugieren irregularidades de las investigaciones que múltiples actores han señalado a la opinión pública”.

Entre los resultados sustantivos preliminares que la comisión puede ofrecer, se encuentra que de la lectura de los informes rendidos por el gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de la entidad, se desprenden múltiples contradicciones respecto a:

El número potencial y total de víctimas presentes en el lugar de los hechos.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la detención arbitraria o ilegal, uso ilegal de la fuerza y posteriores ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los estudiantes.

Los nombres de los estudiantes

La manera o vía por la cual las autoridades locales tuvieron conocimiento de los hechos, ya fuera al momento de ocurrir o con posterioridad.

De igual modo, se detectó que en todos los informes existen diversos momentos que no tienen una conexión directa o lógica en la secuencia de los hechos.

Precisa que las autoridades estatales sí tuvieron conocimiento de la actividad de los estudiantes, monitoreando por horas su desplazamiento y la policía estatal no actúo frente a las irregularidades que la policía municipal cometió en contra de los estudiantes.

De ser así, “incurriendo en una grave omisión de protección de los estudiantes y de la demás población civil afectada por los ataques cometidos por ciertos agentes estatales, al parecer de la policía municipal, y particulares”, abunda el documento.

Detalla que el informe contiene datos para verificar si existe una versión de los hechos confiables y, de ser posible, identificar las omisiones y negligencias en las investigaciones materiales en general, así como en la localización e investigación del paradero de los 43 estudiantes hasta ahora desaparecidos forzadamente.

También, verificar cuáles han sido las acciones institucionales desplegadas para proporcionar atención a las víctimas sobrevivientes, así como a los familiares de todos los estudiantes que sufrieron estos reprochables hechos.

En cuanto a las acciones realizadas para establecer contacto con las víctimas directas o indirectas, aclara que se ha visto imposibilitada para tener comunicación abierta con ellas.

La comisión especial detalla que a pesar de que se han llevado a cabo acciones para tener un acercamiento con las víctimas y sus representantes legales, “nos encontramos frente a la falta de anuencia de las propias víctimas y su desconfianza fundada frente al aparato del Estado en su conjunto”.

Menciona que las reuniones planeadas con las autoridades de la Escuela Normal Rural, los estudiantes sobrevivientes, los familiares de los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañen “no se han desahogado”; sin embargo, afirma, “seguiremos llevando a cabo acciones para establecer comunicación formal con las víctimas”.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión especial, explicó que existen elementos para presuponer que hubo irregularidades graves en las investigaciones, tanto en el fuero estatal como federal.

Además, dijo, se violaron los protocolos internacionales en casos de desaparición forzada, donde es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas.

Indicó que fue un crimen de Estado porque la privación de la libertad de las víctimas fue hecha por policías municipales y se ha negado el paradero de los jóvenes.

Agregó que las actividades de seguimiento por parte de la comisión continuarán porque faltan diligencias por desahogar, como la inspección ocular en Iguala, con apoyo técnico de servicios periciales. También, diversas autoridades deben remitir la información requerida.

Enumeró otras reuniones de trabajo con la Sedena, Segob, PGR y Cisen; con la Comisión Nacional de Seguridad Pública, el gobernador interino y el fiscal general de Justicia de Guerrero; con el grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y con el equipo argentino antropólogo forense.

Advirtió que todo esto no excluye la sanción por omisión de los responsables jerárquicos ni de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad para proteger a los estudiantes cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala. “Incluso, de preverlos, conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares”.

Resaltó que la captura del ex presidente municipal de Iguala y de su esposa, señalados como responsables de los hechos, podrían permitir nuevos datos para que las autoridades localicen a los desaparecidos y que ejerzan acción penal en contra de los responsables y sus cómplices, aún si estos se encuentran enquistados en el gobierno.

Por el PRI, el diputado Manuel Añorve Baños consideró que es indispensable la verdad para encontrar los mejores caminos que lleven a recuperar la tranquilidad, la paz, la concordia y la gobernabilidad en Guerrero, sin olvidar que lo prioritario es que se conozca el paradero de los 43 jóvenes normalistas.

Consideró que la detención del ex presidente municipal y su esposa, es apenas el inicio para aplicar la ley, “tope hasta donde tope. No puede haber indiferencia y mucho menos impunidad”. Asimismo, pidió continuar las investigaciones por encima de banderas ideológicas, sin repartir culpas, hacer exculpaciones adelantadas o enjuiciamientos que no corresponden.

Por su parte, José Alfredo Botello Montes (PAN) dijo que casos como este no tienen cabida en un régimen democrático y de derecho como pretendía ser el nuestro. Los datos arrojados, dijo, confirman cosas lamentables: policías coludidos con el crimen organizado y autoridades corruptas.

Por el PRD, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero consideró que los casos de Tlatlaya y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, exponen la grave situación de corrupción, impunidad y violencia que azota al país.

A más de un mes y una semana de los acontecimientos, comentó, lo único que ha ido en aumento es la comprensible indignación de las familias. Estamos, dijo, ante una evidente ausencia de Estado de derecho. “Como nunca, la legitimidad del gobierno, sus instituciones, procedimientos y leyes se encuentran sometidas a la supervisión de la sociedad. La crisis no es coyuntural, se irá agravando con el tiempo si el gobierno federal no hace nada para recuperar el terreno perdido, con acciones, por bien de la República”.

Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) dijo que se debe reconocer que sí fue desaparición forzada la de los estudiantes de Ayotzinapa y que también fue un crimen de Estado, ordenado por un presidente municipal. La legisladora se unió a la propuesta de iniciar juicio político al gobernador con licencia, de Guerrero, y pidió aplicar la justicia, “caiga quien caiga”.

Aceptó que la democracia no se ha construido en el mismo nivel y ese es un problema, además de que también son responsables los partidos políticos, por lo que demandó un nuevo pacto federal.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que México está en una crisis humanitaria y pone de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano. Agregó que las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin atenderse y las víctimas no reciben reparación del daño. “La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín político de unos y la ruina de otros”.

Indicó que en los trabajos de la comisión está pendiente una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, en la que deberá explicar lo que es a todas luces una omisión: no haber auxiliado a los normalistas ante su llamado”.

Lilia Aguilar Gil (PT) afirmó que el caso de los 43 estudiantes es un crimen de lesa humanidad y que su desaparición forzada hace preguntarse ¿hasta dónde está metido el crimen organizado no solo en las presidencias municipales, sino en los gobiernos estatales? Añadió que además de los normalistas de Iguala, existen a la fecha otras 22 mil 322 personas no localizadas “y no se hace nada para encontrarlas”.

“Podemos resumir Ayotzinapa de forma muy sencilla: 43 desaparecidos, 6 muertos, que el gobierno del estado no intervino a pesar de haber tenido conocimiento y que el Ejército, al que fueron a tocarle a su puerta, tampoco hizo nada”.

La diputada Sonia Rincón Chanona (NA) dijo que el informe de la comisión especial es incompleto pues existe un pendiente: “no se ha reunido con los padres de familia de los 43 desaparecidos porque éstos no confían en la clase política”.

Agregó que este sentimiento de desconfianza no es solamente de los familiares, sino es una generalidad. “Estamos frente a un Estado desarticulado en el que existe una gran corrupción política. Condenamos los hechos de violencia que enlutan hogares de Guerrero. Estos delitos deben investigarse y castigarse a la brevedad posible, porque no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, concluyó.

En una segunda ronda de intervenciones, el diputado Leobardo Alcalá Padilla (PRI) coincidió en que los esfuerzos de todas las fracciones parlamentarias y los tres niveles de gobierno deben enfocarse en encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.

Carlos Alberto García González (PAN) se pronunció por crear una Ley General contra la Desaparición, que incluya la homologación de protocolos de búsqueda y elimine inconsistencias en las investigaciones y procedimientos periciales para eficientar la atención de las víctimas.

Roberto López Suárez (PRD) acusó que el informe de la comisión especial “carece del sentido más claro y su elemento fundamental”: el testimonio de los familiares de las víctimas. Subrayó que en 27 países y más de 40 universidades nacionales se han dado muestras de inconformidad, por lo que se precisa seguir la pista de los autores intelectuales y dar verdaderos resultados.

Rubén Acosta Montoya (PVEM) coincidió en que detrás de la desaparición de los 43 normalistas existe una cadena de omisiones que no se deben olvidar. Recordó que en 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno de Guerrero por los hechos de violencia ocurridos en la entidad; empero, enfatizó, “ningún partido político reclamó”, por lo que defendió las acciones del gobierno federal en el caso.

Ricardo Monreal Ávila (MC) afirmó que el hecho, sumado a otros crímenes bien documentados, ha generado la mayor crisis de credibilidad y confianza en el gobierno de México, e instó a replantear la estrategia de seguridad donde se garantice una Comisión de la Verdad que atienda a los más de 22 mil desaparecidos en 10 años que diferentes instancias nacionales e internacionales han denunciado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) subrayó que la presunta complicidad y encubrimiento de los responsables del crimen “no garantiza la vida los 43 desaparecidos” por lo que instó a la Cámara de Diputados a no ser participe en los crímenes de Estado. “Aún puede actuar con la verdad y justicia que se ha negado a miles de víctimas de la delincuencia organizada que impera en México”, añadió.