Consignan a presidentes municipales de Michoacán por nexos con “La Tuta”

Consignan a presidentes municipales de Michoacán por nexos con “La Tuta”

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La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, consignó a, Salma Karrum Cervantes de Pátzcuaro, y Arquímedes Oseguera Solorio, edil de Lázaro Cárdenas, ante jueces penales como presuntos responsables del delito de delincuencia organizada y contra la salud, en tanto, Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo se encuentra en el centro nacional de investigaciones de la PGR en cumplimiento a una orden de arraigo liberado en su contra.

En rueda de prensa, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio acompañado del titular de la SEIDO, Rodrigo Archundia Barrientos, informó que de acuerdo con las investigaciones de campo y de inteligencia realizadas por la PGR, y videos se comprobó que los alcaldes de los citados municipios michoacanos se reunieron con el líder de “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Martínez (a) “La Tuta” o “El Profe”.

 Detalló que hay dentro de las pesquisas realizadas por este caso dos videos en los que se muestran las reuniones de los ediles con “La Tuta”, sin mencionar en qué lugar, fecha se realizaron dichos eventos.

Karrum Cervantes y Oseguera Solorio, fueron puestos a disposición de jueces de distrito en materia de procesos penales federales, y se encuentran internos en Centros de Readaptación Social del estado de Michoacán, en espera de que se libre orden de detención en su contra.

En tanto, Santana Pineda continúa cumpliendo la medida cautelar de arraigo en su contra, para continuar con las pesquisas iniciadas en su contra por sus presuntos nexos con “Los Caballeros Templarios”.

Por otra parte, Zerón de Lucio dio a conocer que con base a los peritajes realizados por especialistas en incendios de la AIC, el siniestro ocurrido el domingo pasado en la sede del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Piedras Negras, Coahuila, se trató de una explosión ocasionada por fuga de gas y no de un ataque del crimen organizado como en su momento se sospechaba.

El funcionario federal precisó que en el curso de las investigaciones no se encontró indicio alguno en el inmueble donde se suscitó el percance, es decir, que no se hallaron afectaciones en las instalaciones como las que dejan las explosiones de artefactos o esquirlas de granadas, tampoco los daños ocasionados al sitio coinciden con los deja este tipo de acciones.

Detalló que el siniestro se ocasionó por los trabajos realizados por empleados del municipio para obras de suministro de agua potable y drenaje, por lo que al realizar las excavaciones dañaron la infraestructura de una conexión de gas subterránea y red de electricidad, lo que generó el estallido con las fatales consecuencias de una persona muerta y cinco más lesionadas.

Recalcó que las pesquisas de este caso continúan en conjunto con las autoridades estatales y municipales, para conocer cuáles fueron las causas de este accidente y proceder al deslinde de responsabilidades.