No debe entregar el poder Legislativo el agua a la IP

No debe entregar el poder Legislativo el agua a la IP

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José L. Reyes

El presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gabriel Godínez Jiménez, manifestó que los casos de los modelos privatizadores de suministro de agua potable en algunas regiones de México, y de Europa, que deberían servir al gobierno federal para no caer en la tentación de entregar el recurso hídrico a la iniciativa privada como si fuera una mercancía.

Godínez Jiménez explicó que los modelos privatizadores de suministro de agua potable están agotados en Puebla, Monterrey y Saltillo, y en Europa, en países como Alemania y España, donde el común denominador es el encarecimiento de las tarifas y el otorgamiento de un pésimo servicio y el consecuente descuido de la sustentabilidad.

Comentó que la “la lucha social que se presenta en esos países europeos coincide con las que se llevan a cabo en el nuestro por lo que el Congreso de la Unión no debe entregar el suministro de aguas nacionales a la iniciativa privada y debe reconocer que una Ley sin democracia es un Parlamento sordo, por lo que deberá respetar y tomar en cuenta el esfuerzo de más de 10 años de investigación de la sociedad organizada”.

En el marco de la presentación de la iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales, indicó que en el caso de Puebla las alzas en las tarifas van del 30 al 300 por ciento y que del 60 por ciento de los poblanos afectados -equivalentes a unos 120 mil usuarios- forman parte de la cartera vencida, de los cuales, más de 445 mil ciudadanos insolventes presentaron amparos para no pagar lo que consideran un robo y un atropello a su derecho humano de acceso al agua potable de manera permanente.

Aseguró que ahora en Europa se está remunicipalizando el servicio y se está regresando al Estado el manejo del recurso porque los empresarios fracasaron en su intento por mejorar el reparto de manera equitativa y sustentable.

Refirió que “la privatización no es el camino a seguir para solucionar los problemas administrativos en el suministro de agua, de ahí que la iniciativa ciudadana de Ley rechace esta medida y manifieste un no rotundo a la desestatificación”.

Tras  otorgar su apoyo a la iniciativa ciudadana, diseñada por diversas organizaciones sociales de varios puntos del país, dijo que el gobierno federal debe generar un marco regulatorio a través de la Ley de Aguas que garantice una distribución equitativa, justa y asequible en términos económicos de la población dependiendo de sus ingresos.

Además que deberá procurar una mejor distribución del agua para las actividades económicas preponderantes y garantizar a los centros urbanos una calidad de agua constante para que puedan desarrollar sus actividades, en todo el país.

Destacó que se debe revisar la sustentabilidad  o sostenibilidad del agua y evitar sobre explotaciones del recurso hídrico.

Advirtió que “de seguir el plan privatizador del recurso hídrico por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), generará que más mexicanos sigan el ejemplo de los poblanos de interponer amparos para no pagar lo que consideran un robo y un abuso y como consecuencia la anulación de su derecho humano de acceso al agua potable”.

“La SOAPAP en el municipio de Atlixco, Puebla,  lleva 20 años de operar el servicio y que en ese periodo el costo del agua a los usuarios se ha elevado en un dos mil por ciento y que hoy existe una disparidad muy alta de acuerdo a denuncias de las organizaciones sociales”, ejemplificó.

Ante este este panorama, recalcó que “la voz de la ciudadanía tiene que ser escuchada porque es en quienes recaen las reformas a las leyes, de ahí su interés en hacer pública su propuesta, la que, desde luego, aseguró, apoyamos con firmeza y manifestó que en el caso del Distrito Federal la lucha va en el mismo sentido de no a la privatización, en concordancia con las organizaciones sociales capitalinas y la propia ALDF”.

Insistió en que organizaciones sociales tienen razón en señalar su rechazo a una privatización y presumir que en el Recinto de San Lázaro se pueda dar un albazo para abrir el camino y entregar el recurso en manos privadas como se planea hacer con el megaproyecto Monterrey VI el que pretende llevar agua del Río Tampaón, afluente de la Cuenca del Río Pánuco,  a esa región norteña con un costo elevado que supera los 16 mil millones de pesos con una inversión que el Estado planea cubrir con recursos federales y privados.