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La Subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, aseveró que “la participación de la familia en la investigación de desaparecidos es fundamental. Lo que ellos cuentan es muy importante”.

Durante su participación en el Foro “Retos y Perspectivas en la implementación de las Leyes Generales de Tortura y Desaparición de Personas”, Herrerías Guerra señaló que “se debe ir de la mano de los familiares de las víctimas, y vamos a seguir atentos a ellos y cumpliendo con los términos que nos marca la Ley para dar cumplimiento en cada uno de sus compromisos. Vamos a seguir abiertos en el diálogo constante”.

En presencia de fiscales y procuradores estatales, ministerios públicos y representantes de organizaciones civiles, la funcionaria federal manifestó que para la PGR, la implementación de la Ley General de Tortura y la de Desaparición de Personas es un reto para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes.

Apuntó, “sabemos que desde hace muchos años es un tema que duele a la sociedad, que duele a las familias, dolor que tienen familiares de desaparecidos y también a la sociedad en su conjunto cuando en la realidad vemos cómo es algo que sigue pasando en nuestro país”.

En el marco de su ponencia “Avances en la creación y/o fortalecimiento de las Fiscalías Especiales para la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición de Personas, Políticas de Actuación y Atención a Víctimas en los Protocolos Homologados”, Herrerías resaltó que es fundamental trabajar de la mano con las comisiones de búsqueda así como con las procuradurías y fiscalías estatales.

Cabe señalar que el foro internacional contó con conferencias magistrales como “Las Resoluciones Internacionales en materia de Tortura y Desaparición Forzada y su Trascendencia en la Legislación Nacional”, a cargo de Luis Ernesto Vargas Silva, Segundo Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, hubo mesas de análisis como “¿Se pueden prevenir los Delitos de Tortura y Desaparición de Personas? Análisis respecto de la Implementación de Políticas Públicas para prevenir dichos Delitos” y «La investigación criminalística de personas desaparecidas o no localizadas».

Duro golpe asestaron las fuerzas federales al cártel del Pacífico Sur o de los hermanos Beltrán Leyva al detener en Monterrey, Nuevo León, a Ramón Villarreal Hernández (a) “El Mon” o “El Gabino” operador financiero de esta empresa criminal, en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición a la Unión Americana, por su probable responsabilidad en los delitos de acecho interestatal y asociación delictuosa para cometer homicidio por contrato.

La PGR informó que elementos de la  Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicaron a Villarreal Hernández en la capital neoleonesa, sin uso de violencia ni afectación a terceros y en todo momento le fueron respetados sus derechos.

Detalló que “El Moon” es requerido por la Corte Federal del Distrito Norte de Texas, los agentes de la AIC lo pusieron  a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, a fin de dar continuidad a la solicitud de extradición.

De acuerdo a las investigaciones que realiza la PGR en torno a este presunto integrante del cártel de los Beltrán Leyva, está relacionado con el homicidio de Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado del exlíder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, actualmente preso en un penal de los Estados Unidos.

“El Mon” es hermano de José Rodolfo “N”, identificado como jefe regional del Cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo León, donde pelea el control de la entidad con el Cártel del Golfo y “Los Zetas” para el libre trasiego de drogas a territorio estadounidense.

Cabe señalar que esta agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leyva hasta el 2008 trabajó en conjunto con el Cártel de Sinaloa entonces liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, posteriormente se separaron originando una batalla sangrienta entre ambos grupos tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”.

Hasta hace unos cinco años a esta organización criminal se le consideraba como una de las más poderosas en México, a pesar de la muerte de su principal líder Marcos Arturo Beltrán Leyva (a) “El Barbas” o “El Jefe de Jefes”, quien falleció durante un enfrentamiento con las fuerzas especiales de la Marina en Cuernavaca, Morelos,  y la detención de otros cabecillas ha logrado mantener su presencia en diversas zonas del país como Guerrero y Morelos, debido a las alianzas que han formado con otras agrupaciones delictuosas.

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El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez,  Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, dentro de  la causa penal 152/2018, dictó auto de vinculación a proceso contra Leticia Rodríguez Lara (a) “Doña Lety” o “La-40”, José Rafael Socci Rodríguez, y los expolicías federales Fernando Arellano Carbajal y Rafael Quiroz Alfaro, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer eventos punibles contra la salud, donde se consideró a Rodríguez Lara con funciones de dirección y supervisión.

Asimismo, el juez de la causa indicó que en el caso de Arellano Carbajal y Quiroz Alfaro, se les suma la agravante de haber sido cometido por servidores públicos federales.

De acuerdo a la carpeta de investigación de este caso, la veracruzana Leticia Rodríguez Lara es señalada como líder de una célula delictiva que desplazó a  las fuerzas especiales de “Los Zetas” del negocio, su grupo se  dedicaba al comercio de narcóticos en Cancún, Playa del Carmen y Alfredo V. Bonfil, Quintana Roo, quien junto con su hijo José Rafael Socci Rodríguez, presuntamente controla a los vendedores de droga en esas zonas, además de tener una indagatoria en la PGR por tráfico de indocumentados.

Este grupo ligado al Cártel de Sinaloa conformados por desertores de “Los Zetas”, Cártel de Golfo y prófugos de la justicia, habría estado operando desde 2005 principalmente en la zona hotelera, bares y playas de esos centros turísticos, con protección de autoridades locales y federales, a cambio de remuneraciones económicas periódicas y regalos de alto costo, como vehículos automotores.

También se refiere que el grupo delictivo tiene bajo su ámbito de operación a distribuidores o vendedores locales o territoriales de narcóticos y a un numeroso grupo de personas que fungían como brazo armado para su protección.

Los policías federales en activo Fernando Arellano Carbajal y Rafael Quiroz Alfaro, participaban en protección a las actividades de la organización de “Doña Lety”, al proporcionar todo tipo de información obtenida de las investigaciones de inteligencia y por el contrario, investigar y reportar a la organización delictiva lo relacionado con las actividades de grupos antagónicos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “Los Pelones” y el Cártel del Golfo, así como los operativos que realizarían la PGR, Policía Federal y la Secretaría de Marina.

El impartidor de justicia les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual habrán de compurgar Leticia Rodríguez Lara, en el Centro Federal de Readaptación Social CPS 16, Femenil Morelos, y José Rafael Socci Rodríguez, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en virtud de que estas dos personas se encontraban internas en esos lugares, a disposición de diversas autoridades judiciales, por delitos relacionados con portación de armas de fuego.

Mientras que Fernando Arellano Carbajal y Rafael Quiroz Alfaro lo harán en el Centro Federal de Readaptación Social 1, Altiplano.

El CJF aclaró “no es necesario la supresión de datos personales de nombre y apellidos de los imputados, pues de acuerdo al último párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y atento a la fracción IV de ese numeral, se consideró necesario (bajo anuencia de las personas) que en esa audiencia y todas las restantes actuaciones de esa causa penal prevaleciera la exposición pública de su nombre y apellidos, pues no obstante constituir información confidencial, era necesario que el público en general logren su plena identificación, al ser necesaria para garantizar el ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva”.

El Máximo Tribunal del país resolvió que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente de 2014 hasta junio de 2016, es inconstitucional, ya que por medio de este las Procuradurías General de la República y estatales la geolocalización en tiempo real de aparatos celulares utilizados por delincuentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora tiene pendiente definir cuáles serán los efectos de su sentencia, porque tratándose de materia penal su fallo tendrá efectos retroactivos.

De esta manera con votación de ocho a favor y tres en contra, el Alto Tribunal expuso que el precepto que tuvo vigencia de 2014 a 2016, no acotó la investigación de delitos específicos, sino que autorizó indagar cualquier acto delictivo.

Cabe señalar que en 2012, el Congreso de la Unión avaló que los titulares de la PGR y Procuradurías y Fiscalías estatales solicitaran información, sin previa orden judicial, a los concesionarios de telecomunicaciones para actuar rápido en las indagatorias relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión y amenazas.

En 2014, la SCJN estableció que las autoridades sólo pueden ordenar la geolocalización en tiempo real de un aparato celular sin orden judicial, cuando hay necesidad de proteger la vida e integridad de las personas o cuando esté en riesgo el objeto del delito o este puede desaparecer.

Debido a esto el Congreso Federal reformó el CNPP en 2014, señalando que los procuradores o fiscales podían solicitar a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, la localización geográfica en tiempo real de los equipos celulares asociados a una línea que se encuentre relacionada con los hechos que se investigan “en términos de las disposiciones aplicables”.

Al respecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que el Poder Legislativo Federal “no recogió” ni una de las circunstancias que dictó en su momento la Corte, es decir, cuando corra peligro la vida de la víctima o que esté en riesgo el objeto del delito, sino que dejó abierta, que esta facultad pudiera ser usada en cualquier delito.

Este caso se dio del pronunciamiento de la SCJN sobre geolocalización derivó de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI hoy INAI).

El juez V de distrito con sede en Michoacán decretó que es procedente la revisión y sustitución de la prisión preventiva solicitada por la defensa del líder del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatec, José Manuel Mireles Valverde, quien de esta manera recuperará su libertad, tras tres años de permanecer encarcelado, y seguirá su proceso fuera de prisión.

El impartidor de justicia consideró que los abogados de Mireles Valverde reunieron los requisitos que establece la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe señalar que para dejar el penal donde se encuentra el doctor José Manuel Mireles tiene que cumplir medidas cautelares como presentarse periódicamente a firmar ante dicho juzgado; exhibir una garantía por 30 mil pesos, no salir de la entidad ni del país; así como tampoco acercarse o comunicarse con determinadas personas.

El líder de las fuerzas de autodefensa enfrenta proceso penal por su probable participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, en relación con el 11, incisos b), c) y d), expediente que actualmente se encuentra en trámite, debido a que aún faltan por desahogar diversas pruebas ofrecidas por sus defensores.

Los antecedentes de este caso refieren que el 27 de junio de 2014, la PGR consignó una averiguación previa contra un grupo de autodefensas en Michoacán a quienes relacionaban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos, Mireles Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión de dos delitos, esto es, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud; motivo por el cual se le decretó auto de formal prisión.

Posteriormente Mireles, presentó el recurso de apelación, promovió juicio de amparo contra esa resolución, mismo que le fue concedido, para que siguiera formalmente preso, pero únicamente por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Mireles Valverde, comentó que se levantó en armas cansado de las extorsiones y secuestros por parte de “Los Caballeros Templarios”,  en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec.

El  27 de junio de 2014, fuerzas federales detuvieron en el municipio de Lázaro Cárdenas a Mireles, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Estaba acompañado con otras 83 personas, quienes fueron detenidas y les fueron decomisadas armas largas y cortas.

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Como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en ese país.
La Procuraduría General de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017.

De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de policía internacional, Interpol en Guatemala.
En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de México al de la República de Guatemala, el Juez Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada hace unos momentos.
Javier Duarte De Ocho es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El reclamado Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de México
Conforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde hoy.
Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala, recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquél país.
En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado,  turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas.
El gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades guatemaltecas, de forma especial a la Fiscalía General de la República, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

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El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, acompañado del Secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, el titular de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, así como del Comisionado Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, realizó una ​​visita de supervisión y evaluación de resultados del Operativo de Reforzamiento en el Estado de México.

En las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, y Calidad (C5), ubicado en el municipio de Ecatepec, Sales Heredia mencionó que como parte del fortalecimiento a la seguridad del Estado de México, la Policía Federal mantiene desplegados a elementos principalmente de las Divisiones de Gendarmería, Seguridad Regional y Fuerzas Federales, con el único objetivo de cumplir con la misión encomendada a la Policía Federal de Proteger y servir a la comunidad.

Apuntó, “para eso estamos aquí, al margen de fueros, al margen de competencias, todos sabemos que trabajar por la paz en el Estado de México, es trabajar por nuestro país, es trabajar por México”.

En tanto, el secretario de Gobierno del Estado, José Manzur Quiroga, agradeció el apoyo que brinda el gobierno de la República a través de la CNS y destacó el trabajo que la Policía Federal ofrece a los habitantes del Estado de México.

Mientras que el Comisionado General de la Policía Federal, Mtro. Manelich Castilla Craviotto, refirió que de acuerdo con las directrices trazadas Sales Heredia, el reforzamiento de seguridad ha permitido en los últimos cuatro meses la detención de 589 personas por la comisión de diversos delitos del ámbito local y federal, así como el aseguramiento de diversas sustancias, además de coadyuvar con autoridades estatales y locales para prevenir el delito y fomentar la denuncia, a fin de generar mejores condiciones de seguridad para los mexiquenses.

Asimismo, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, reiteró la gratitud y reconoció el esfuerzo comprometido de todos los integrantes de la Policía Federal, “basados en un esfuerzo común que genera confianza mutua, de correspondencia, de corresponsabilidad y de rendición de cuentas, en beneficio de la entidad mexiquense”.

Como parte del operativo de seguridad desplegado en dicho municipio, se encuentran establecidos distintos puntos de seguridad y vigilancia, los cuales operan mediante el uso de sistemas de inteligencia y un amplio ejercicio de proximidad y vinculación con la sociedad, para atender denuncias ciudadanas, entre otras acciones.

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El juez V de lo penal con sede en el Reclusorio  Norte, dictó el auto de formal prisión contra un hombre por su probable participación en un doble homicidio que se perpetró en la colonia Miguel Hidalgo, delegación Tláhuac.

La Procuraduría capitalina informó que en la causa penal 153/2016, se asienta que el 24 de mayo de 2016, los agraviados, que eran hermanos, acordaron reunirse con un individuo para dialogar sobre la venta de un terreno, por lo que se citaron en un predio ubicado en la esquina de las calles Aida y Muzio Clementi, de la referida colonia.

Mencionó que el hombre con el que las víctimas iban a negociar la compra del lugar, llegó en compañía de tres amigos, uno de los cuales inició una disputa y le reclamó a uno de los afectados que se hubiera involucrado con su pareja sentimental; durante la discusión el imputado sacó un arma de fuego y le disparó.

Detalló que ante la agresión, el consanguíneo intentó huir y corrió por la calle Muzio Clementi, sin embargo, fue perseguido por dos de los victimarios, quienes le dispararon, uno de los implicados en este doble homicidio fue capturado en septiembre de 2016  y enfrenta proceso el Reclusorio Norte, al que también ingresó su copartícipe, a quien se le notificó sobre el auto de formal prisión en su contra.

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En dispositivo conjunto entre la Policía Federal y la PGR, desarticuló a un grupo de personas, presuntamente responsables de cometer fraudes por internet mediante la suplantación de identidad de instituciones públicas y empresas.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), informó que en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre fraudes por medio de páginas de internet apócrifas en las que se ofrecían vehículos y maquinaria, por quienes se ostentaban como ejecutivos de compañías, o directivos de dependencias federales y estatales, a quienes les pagaban por el remate de automotores que no recibieron.

Detalló que con esta información, la División Científica de la Policía Federal efectuó un trabajo de ciberinteligencia que permitió identificar a un grupo delictivo con presencia en Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, que empleaba sin autorización la imagen y logotipos de empresas e instituciones para crear sitios apócrifos o perfiles en redes sociales donde ofrecían vehículos automotores y maquinaria pesada a precios de remate.

Mencionó que una vez que contactaban a los posibles compradores, los sujetos les solicitaban documentación personal y un anticipo o en algunos casos el pago total de la supuesta venta, sin embargo las entregas nunca se concretaban y cuando los afectados reclamaban, los amenazaban e intimidaban señalando que tenían sus datos.

Detalló que los recursos que obtenían de forma ilícita, les permitían crear empresas “fantasma”, desde las cuales presuntamente gestionaban préstamos bancarios para luego desaparecer las compañías.

Añadió que por tal motivo, la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, libró dos órdenes de cateo que se cumplimentaron de manera simultánea en domicilios ubicados en las entidades donde operaban.

Manifestó que en el dispositivo fueron detenidos cinco presuntos responsables, a quienes además se les imputan los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego, narcotráfico, secuestro y extorsión.

Informó que a este grupo delictivo se le vincula con al menos 20 averiguaciones previas por fraude cibernético, les fueron aseguradas 228 bolsas de plástico con aparente enervante, dos armas largas y una corta, cartuchos útiles, equipos de telefonía, al menos diez vehículos, así como documentación diversa con fotografías de los imputados pero con distintos nombres y diferentes datos personales.

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La Procuraduría General de la República (PGR) en relación al comunicado de prensa que ayer emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que uno de los cuatro ejes rectores de la Institución del Ministerio Público de la Federación, “es el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas e imputados, por ello, está comprometida en dar cumplimiento a todas y a cada una de las observaciones y recomendaciones que sobre los distintos asuntos, emita la CNDH”.
La PGR mencionó que esta atenta a este compromiso como lo ha venido señalando en las distintas reuniones y mesas de trabajo establecidas con el organismo garante de los derechos humanos, por lo que turnará esta misma semana a la CNDH un segundo documento –en alcance al remitido el pasado 30 de agosto-, con nuevos elementos que señalen el nivel de avance y cumplimiento de las recomendaciones realizadas sobre la Investigación del Caso Iguala.

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