seguridad

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer ayer que las fuerzas federales detuvieron ayer a más sicarios relacionados con el ataque a integrantes de la familia Lebarón ocurrido en el Municipio de Bavispe, Sonora, donde fallecieron nueve de sus integrantes el mes pasado.

La FGR mencionó que el Ejército mexicano en compañía de la Policía Federal Ministerial (PFM), lograron, el mes pasado, la detención de un presunto participante en los hechos señalados, obteniendo de un Juez de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, el arraigo de dicho individuo y derivado de ello, y de otras acciones de investigación, se ha estado obteniendo, información fundamental y pruebas que ya se han estado periciando.

Destacó, con la participación del Ejército Mexicano, la Armada de México, de la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, en las primeras horas de este día en una labor conjunta y cumpliendo con órdenes de cateo obtenidas por la FGR de un Juez Especializado, se logró la detención de varios individuos, presuntamente involucrados en los hechos señalados.

Indicó, desde el pasado 8 de noviembre, la FGR obtuvo de la Fiscalía del estado de Sonora, un desglose de las investigaciones de los homicidios que, por ministerio de la ley, son originalmente del fuero común. Posteriormente, el pasado 26 de noviembre, con objeto de concentrar todas las investigaciones y cumplimentar las diligencias que no se han realizado en el fuero común, la FGR atrajo, de la competencia de las autoridades de Sonora, las diligencias respecto al homicidio.

Recordó, “como es sabido y, de conformidad con los convenios y las solicitudes de colaboración gestionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, miembros del FBI, en compañía de funcionarios y Agentes de la PFM de la FGR, han venido participando en las indagaciones. Las aportaciones del FBI serán consideradas en las actuaciones ministeriales a cargo de la propia FGR”.

Añadió, en el momento en que exista más información, confiable y fidedigna, se dará a conocer de inmediato, a la opinión pública.

El jefe de la Policía Preventiva de la metrópoli Raymundo Collins Flores dio ayer el banderazo de salida para presentar la Nueva Estrategia por la Seguridad de Iztapalapa, demarcación encabezada por Clara Brugada Molina, el objetivo del nuevo esquema consiste en proteger la vida y el patrimonio de 3.9 millones de personas que transitan diariamente por calles de la alcaldía.

Collins Flores, mencionó que “la grandeza de Iztapalapa es su gente y sus colonias. Desde el segundo día que la alcaldesa tomó posesión, hemos generado operaciones para que la alcaldía vuelva a tener un buen estándar de vida y que sus habitantes salgan a las calles con tranquilidad”.

El titular de la SSPCDMX indicó que la Alcaldía cuenta ahora con 2 mil 295 cámaras de vigilancia, 14 estaciones de policía, 10 sectores, 4 mil 400 elementos y 235 patrullas, “como parte de la nueva táctica se realizarán operativos para inhibir el robo a transeúnte, a transporte público, a cuentahabiente, a casa habitación, a negocio, pero sobre todo, al narcomenudeo que es lo que más preocupa a los capitalinos”.

Mientras que la alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada agradeció al titular de la SSPCDMX el trabajo coordinado entre la policía capitalina y la demarcación a su cargo, puesto que el tema de seguridad y la tranquilidad es lo más importante.

Apuntó, “la demarcación debe de contar con el doble de elementos, tema que se está trabajando con la SSPCDMX, así como el de poner en cada sector una Agencia del Ministerio Público”.

En el evento realizado en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, contó con la participación de diferentes diputados locales y directivos de la alcaldía de Iztapalapa.

Por otra parte, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) llevaron a cabo una reunión con comités vecinales de la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, quienes expusieron las diferentes problemáticas de seguridad y movilidad vial que se presentan en esta zona y se ofrecieron las acciones de reforzamiento tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La SSPCDMX, manifestó que los representantes vecinales solicitaron el retiro de vehículos abandonados en diferentes calles de su colonia, ya que señalaron

representan focos de inseguridad. En respuesta, el subsecretario de Control de Tránsito, Luis Rosales Gamboa, ofreció aplicar el operativo “Calidad de Vida” para remolcar dichas unidades al depósito.

Asimismo, pidieron el reordenamiento de tráileres estacionados de manera irregular en el cruce de las avenidas Sara y Henry Ford, ante lo cual también el mando policial comentó que serían removidos. También los representantes de los comités expusieron problemáticas que representan para sus calles algunos “antros”, “chelerías” y autolavados; también solicitaron una mayor frecuencia de patrullajes para inhibir el robo a transeúnte y autopartes.

Los mandos de la policía ofrecieron reforzar la seguridad en la zona con más patrullajes y número de elementos, así como a coordinar dispositivos con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), asimismo, exhortaron a fomentar la denuncia.

José Ángel Somera

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) a través del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Álvaro Obregón Tres, inició una carpeta de investigación luego de la balacera suscitada la tarde de ayer, donde un desconocido disparó contra el escolta de la casa del exarzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, ubicada en la colonia Florida, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, y después huyó a bordo de una camioneta color verde.

La PGJCDMX informó que los primeros reportes refieren que el implicado llegó al domicilio en la esquina de las calles Camelia y Francia vestido de militar, y llamó a la puerta diciendo que entregaría un paquete dirigido al cardenal Rivera Carrera quien en esos momentos se encontraba en su domicilio.

Detalló que cuando el guardia de seguridad iba a colocar el documento en una mesa, el sospechoso le disparó sin mediar palabra, lo que alertó al resto del personal de seguridad y a las religiosos que en esos momentos se encontraban en el sitio, los escoltas dispararon sus armas contra el desconocido quien huyó presuntamente a bordo del referido automotor.

Posteriormente, al sitio arribaron varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX), encabezadas por el titular de la dependencia Raymundo Collins Flores, quien comprobó personalmente el estado en que se encontraba el cardenal Rivera Carrera, en tanto gendarmes acordonaban la zona e implementaban un operativo de búsqueda del presunto responsable por calles y colonias aledañas al sitio.

En tanto una ambulancia de la Cruz Roja trasladó de emergencia al elemento de seguridad que resultó en primera instancia con heridas de gravedad, a un hospital de la zona, pese a los esfuerzos de los médicos del nosocomio a donde fue llevado la víctima falleció, minutos después hizo acto de presencia el agente del Ministerio Público de la citada coordinación quien a su vez dio intervención a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para recabar los primeros indicios.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia, tanto de la vía pública como particulares, para lograr identificar la ruta que usó el imputado para huir, detenerlo y someterlo a proceso penal para evitar la impunidad.

Cabe señalar, que una vez repuesto del susto el cardenal Norberto Rivera Carrera, recordó que esta no es la primera vez que ocurre un caso de esta índole que presuntamente podría haberse cometido contra su persona, ya que hace ocho años llegó un sobre dirigido a él en la Curía de la Arquidiócesis de la Ciudad de México localizada en la calle de Durango 90 en la colonia Roma Norte, pero el encargado de la sede al hacérsele sospechoso la forma del sobre solicitó la intervención de las autoridades capitalinas, quienes al someterlo a una rigurosa revisión se percataron que se trataba de un mensaje-bomba, pero nunca se logró conocer quién fue el remitente.

Gendarmes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad d

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El juzgado IV de distrito en materia de procesos penales federales con residencia en Puente Grande, Jalisco, sentenció a 40 años de prisión a Saúl Solís Solís (a) “El Línce”, al encontrarlo responsable de los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, con funciones de dirección; y contra la salud, en sus modalidades de tráfico de narcóticos, así como colaborar al fomento para la comisión de dichos delitos, también le impuso al hoy sentenciado, 700 días multa.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR recordó que Solís Solís quien fue lugarteniente de la organización criminal “Los Caballeros Templarios” fue detenido en 2011, al cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra, por lo que quedó interno en el Centro de Readaptación Social Número 2, en Puente Grande Jalisco; se le atribuye su participación en una organización criminal cuya finalidad es cometer delitos contra la salud.

Saúl Solís encabezó ataques contra instalaciones de la Policía Federal y del Ejército mexicano en Michoacán, y responsable de secuestros y homicidios

Solís es primo de Enrique Plancarte Solís, (a) “Kike Plancarte”, quien junto con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, fundaron “Los Caballeros Templarios” grupo delictivo que sustituyó a “La Familia Michoacana”.

Solís nació el 10 de septiembre de 1962 en Apatzingán, y era el encargado ante dicha organización delictiva, del control de la siembra y cosecha de enervantes, tráfico de droga y manejo de laboratorios clandestinos, extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de la Huacana, Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Tacámbaro y Turicato, en Michoacán, así como en el Estado de México.

De 2003 a 2005, se desempeñó como director de Seguridad Pública de Turicato; se le vincula con diversos ataques a las instalaciones de la Policía Federal en los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán y Morelia, realizados el 9 de diciembre del 2009.

Fue uno de los principales responsables de la agresión en contra de personal militar por integrantes de este grupo criminal el primero de mayo del 2007, en Carácuaro, donde perdieron la vida un coronel y cuatro elementos de tropa.

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El Máximo Tribunal del país aceptó la solicitud de ejercicio de facultad de atracción que se realizó para conocer los recursos de revisión extraordinaria que presentaron dependencias del gobierno federal contra la creación de la Comisión de la Verdad del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero en el mes de septiembre del año 2014.

En este caso el III Tribunal Unitario del XIX Circuito emitió cuatro acuerdos, donde mencionó que fueron suspendidos los trámites y resolución de los respectivos recursos extraordinarios que pudieran haberse remitido al Primer Tribunal Colegiado del mencionado circuito, mismo que conoció de los recursos de revisión interpuestos en cuatro juicios, hasta en tanto la Primera Sala de la Corte se pronuncia sobre la solicitud planteada.

Manifestó que el 12 de julio del presente año, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, informó sobre sus acuerdos, donde refiere que dicha solicitud de ejercicio de facultad de atracción fue turnada a la Primera Sala a efecto de que determine si procede solicitar al Tribunal Unitario los autos originales del juicio de garantías en que se actúa y de los recursos de revisión extraordinarios interpuestos por diversos órganos del Estado mexicano.

Dichos acuerdos quedaron registrados en los juicios de amparo de Salvador Reza Jacobo (a) “El Wereke”, Felipe Rodríguez Salgado (a) “El Cepillo”, Miguel Ángel Landa Bahena (a) “El Chequel”, y de Gildardo López Astudillo (a) “El Gil”, presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos”, a quienes de acuerdo a las indagatorias de la PGR se les responsabiliza del secuestro, homicidio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

El citado Tribunal unitario indicó que aún están pendientes los trámites de los recursos de revisiones extraordinarios presentados por las Secretarías de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; consejera jurídica del Ejecutivo Federal; de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal; y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

La semana anterior, el Primer Tribunal Colegiado del XIX Circuito advirtió que ningún tribunal, incluida la SCJN tiene facultades para modificar, y menos para revocar, la sentencia definitiva que ordena la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala, porque es cosa ya juzgada.

Asimismo, desechó por improcedente 43 recursos de revisión extraordinaria, los cuales fueron interpuestos por el titular del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto, la

PGR y varias dependencias federales que se acreditaron como terceros interesados y que pretenden que no se conforme la Comisión de la Verdad.

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La Subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, aseveró que “la participación de la familia en la investigación de desaparecidos es fundamental. Lo que ellos cuentan es muy importante”.

Durante su participación en el Foro “Retos y Perspectivas en la implementación de las Leyes Generales de Tortura y Desaparición de Personas”, Herrerías Guerra señaló que “se debe ir de la mano de los familiares de las víctimas, y vamos a seguir atentos a ellos y cumpliendo con los términos que nos marca la Ley para dar cumplimiento en cada uno de sus compromisos. Vamos a seguir abiertos en el diálogo constante”.

En presencia de fiscales y procuradores estatales, ministerios públicos y representantes de organizaciones civiles, la funcionaria federal manifestó que para la PGR, la implementación de la Ley General de Tortura y la de Desaparición de Personas es un reto para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes.

Apuntó, “sabemos que desde hace muchos años es un tema que duele a la sociedad, que duele a las familias, dolor que tienen familiares de desaparecidos y también a la sociedad en su conjunto cuando en la realidad vemos cómo es algo que sigue pasando en nuestro país”.

En el marco de su ponencia “Avances en la creación y/o fortalecimiento de las Fiscalías Especiales para la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición de Personas, Políticas de Actuación y Atención a Víctimas en los Protocolos Homologados”, Herrerías resaltó que es fundamental trabajar de la mano con las comisiones de búsqueda así como con las procuradurías y fiscalías estatales.

Cabe señalar que el foro internacional contó con conferencias magistrales como “Las Resoluciones Internacionales en materia de Tortura y Desaparición Forzada y su Trascendencia en la Legislación Nacional”, a cargo de Luis Ernesto Vargas Silva, Segundo Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, hubo mesas de análisis como “¿Se pueden prevenir los Delitos de Tortura y Desaparición de Personas? Análisis respecto de la Implementación de Políticas Públicas para prevenir dichos Delitos” y «La investigación criminalística de personas desaparecidas o no localizadas».

Duro golpe asestaron las fuerzas federales al cártel del Pacífico Sur o de los hermanos Beltrán Leyva al detener en Monterrey, Nuevo León, a Ramón Villarreal Hernández (a) “El Mon” o “El Gabino” operador financiero de esta empresa criminal, en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición a la Unión Americana, por su probable responsabilidad en los delitos de acecho interestatal y asociación delictuosa para cometer homicidio por contrato.

La PGR informó que elementos de la  Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicaron a Villarreal Hernández en la capital neoleonesa, sin uso de violencia ni afectación a terceros y en todo momento le fueron respetados sus derechos.

Detalló que “El Moon” es requerido por la Corte Federal del Distrito Norte de Texas, los agentes de la AIC lo pusieron  a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, a fin de dar continuidad a la solicitud de extradición.

De acuerdo a las investigaciones que realiza la PGR en torno a este presunto integrante del cártel de los Beltrán Leyva, está relacionado con el homicidio de Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado del exlíder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, actualmente preso en un penal de los Estados Unidos.

“El Mon” es hermano de José Rodolfo “N”, identificado como jefe regional del Cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo León, donde pelea el control de la entidad con el Cártel del Golfo y “Los Zetas” para el libre trasiego de drogas a territorio estadounidense.

Cabe señalar que esta agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leyva hasta el 2008 trabajó en conjunto con el Cártel de Sinaloa entonces liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, posteriormente se separaron originando una batalla sangrienta entre ambos grupos tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”.

Hasta hace unos cinco años a esta organización criminal se le consideraba como una de las más poderosas en México, a pesar de la muerte de su principal líder Marcos Arturo Beltrán Leyva (a) “El Barbas” o “El Jefe de Jefes”, quien falleció durante un enfrentamiento con las fuerzas especiales de la Marina en Cuernavaca, Morelos,  y la detención de otros cabecillas ha logrado mantener su presencia en diversas zonas del país como Guerrero y Morelos, debido a las alianzas que han formado con otras agrupaciones delictuosas.

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El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez,  Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, dentro de  la causa penal 152/2018, dictó auto de vinculación a proceso contra Leticia Rodríguez Lara (a) “Doña Lety” o “La-40”, José Rafael Socci Rodríguez, y los expolicías federales Fernando Arellano Carbajal y Rafael Quiroz Alfaro, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer eventos punibles contra la salud, donde se consideró a Rodríguez Lara con funciones de dirección y supervisión.

Asimismo, el juez de la causa indicó que en el caso de Arellano Carbajal y Quiroz Alfaro, se les suma la agravante de haber sido cometido por servidores públicos federales.

De acuerdo a la carpeta de investigación de este caso, la veracruzana Leticia Rodríguez Lara es señalada como líder de una célula delictiva que desplazó a  las fuerzas especiales de “Los Zetas” del negocio, su grupo se  dedicaba al comercio de narcóticos en Cancún, Playa del Carmen y Alfredo V. Bonfil, Quintana Roo, quien junto con su hijo José Rafael Socci Rodríguez, presuntamente controla a los vendedores de droga en esas zonas, además de tener una indagatoria en la PGR por tráfico de indocumentados.

Este grupo ligado al Cártel de Sinaloa conformados por desertores de “Los Zetas”, Cártel de Golfo y prófugos de la justicia, habría estado operando desde 2005 principalmente en la zona hotelera, bares y playas de esos centros turísticos, con protección de autoridades locales y federales, a cambio de remuneraciones económicas periódicas y regalos de alto costo, como vehículos automotores.

También se refiere que el grupo delictivo tiene bajo su ámbito de operación a distribuidores o vendedores locales o territoriales de narcóticos y a un numeroso grupo de personas que fungían como brazo armado para su protección.

Los policías federales en activo Fernando Arellano Carbajal y Rafael Quiroz Alfaro, participaban en protección a las actividades de la organización de “Doña Lety”, al proporcionar todo tipo de información obtenida de las investigaciones de inteligencia y por el contrario, investigar y reportar a la organización delictiva lo relacionado con las actividades de grupos antagónicos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “Los Pelones” y el Cártel del Golfo, así como los operativos que realizarían la PGR, Policía Federal y la Secretaría de Marina.

El impartidor de justicia les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual habrán de compurgar Leticia Rodríguez Lara, en el Centro Federal de Readaptación Social CPS 16, Femenil Morelos, y José Rafael Socci Rodríguez, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en virtud de que estas dos personas se encontraban internas en esos lugares, a disposición de diversas autoridades judiciales, por delitos relacionados con portación de armas de fuego.

Mientras que Fernando Arellano Carbajal y Rafael Quiroz Alfaro lo harán en el Centro Federal de Readaptación Social 1, Altiplano.

El CJF aclaró “no es necesario la supresión de datos personales de nombre y apellidos de los imputados, pues de acuerdo al último párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y atento a la fracción IV de ese numeral, se consideró necesario (bajo anuencia de las personas) que en esa audiencia y todas las restantes actuaciones de esa causa penal prevaleciera la exposición pública de su nombre y apellidos, pues no obstante constituir información confidencial, era necesario que el público en general logren su plena identificación, al ser necesaria para garantizar el ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva”.

El Máximo Tribunal del país resolvió que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente de 2014 hasta junio de 2016, es inconstitucional, ya que por medio de este las Procuradurías General de la República y estatales la geolocalización en tiempo real de aparatos celulares utilizados por delincuentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora tiene pendiente definir cuáles serán los efectos de su sentencia, porque tratándose de materia penal su fallo tendrá efectos retroactivos.

De esta manera con votación de ocho a favor y tres en contra, el Alto Tribunal expuso que el precepto que tuvo vigencia de 2014 a 2016, no acotó la investigación de delitos específicos, sino que autorizó indagar cualquier acto delictivo.

Cabe señalar que en 2012, el Congreso de la Unión avaló que los titulares de la PGR y Procuradurías y Fiscalías estatales solicitaran información, sin previa orden judicial, a los concesionarios de telecomunicaciones para actuar rápido en las indagatorias relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión y amenazas.

En 2014, la SCJN estableció que las autoridades sólo pueden ordenar la geolocalización en tiempo real de un aparato celular sin orden judicial, cuando hay necesidad de proteger la vida e integridad de las personas o cuando esté en riesgo el objeto del delito o este puede desaparecer.

Debido a esto el Congreso Federal reformó el CNPP en 2014, señalando que los procuradores o fiscales podían solicitar a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, la localización geográfica en tiempo real de los equipos celulares asociados a una línea que se encuentre relacionada con los hechos que se investigan “en términos de las disposiciones aplicables”.

Al respecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que el Poder Legislativo Federal “no recogió” ni una de las circunstancias que dictó en su momento la Corte, es decir, cuando corra peligro la vida de la víctima o que esté en riesgo el objeto del delito, sino que dejó abierta, que esta facultad pudiera ser usada en cualquier delito.

Este caso se dio del pronunciamiento de la SCJN sobre geolocalización derivó de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI hoy INAI).

El juez V de distrito con sede en Michoacán decretó que es procedente la revisión y sustitución de la prisión preventiva solicitada por la defensa del líder del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatec, José Manuel Mireles Valverde, quien de esta manera recuperará su libertad, tras tres años de permanecer encarcelado, y seguirá su proceso fuera de prisión.

El impartidor de justicia consideró que los abogados de Mireles Valverde reunieron los requisitos que establece la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe señalar que para dejar el penal donde se encuentra el doctor José Manuel Mireles tiene que cumplir medidas cautelares como presentarse periódicamente a firmar ante dicho juzgado; exhibir una garantía por 30 mil pesos, no salir de la entidad ni del país; así como tampoco acercarse o comunicarse con determinadas personas.

El líder de las fuerzas de autodefensa enfrenta proceso penal por su probable participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y sancionado por los artículos 83, fracciones II y III, en relación con el 11, incisos b), c) y d), expediente que actualmente se encuentra en trámite, debido a que aún faltan por desahogar diversas pruebas ofrecidas por sus defensores.

Los antecedentes de este caso refieren que el 27 de junio de 2014, la PGR consignó una averiguación previa contra un grupo de autodefensas en Michoacán a quienes relacionaban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos, Mireles Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión de dos delitos, esto es, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud; motivo por el cual se le decretó auto de formal prisión.

Posteriormente Mireles, presentó el recurso de apelación, promovió juicio de amparo contra esa resolución, mismo que le fue concedido, para que siguiera formalmente preso, pero únicamente por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Mireles Valverde, comentó que se levantó en armas cansado de las extorsiones y secuestros por parte de “Los Caballeros Templarios”,  en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec.

El  27 de junio de 2014, fuerzas federales detuvieron en el municipio de Lázaro Cárdenas a Mireles, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Estaba acompañado con otras 83 personas, quienes fueron detenidas y les fueron decomisadas armas largas y cortas.

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