El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar rindió su informe anual de labores, ante el pleno del máximo tribunal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como testigo, donde señaló que la corrupción y el nepotismo han aumentado y eso no se debe tolerar.
Comentó que todo lo logrado este año 2019, se debe al esfuerzo colectivo de las señoras y señores Ministros, a las señoras y señores Consejeros que integran e integraron el Consejo de la Judicatura
Federal durante el mencionado período, así como a todas las personas que colaboran en la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo, y a los alrededor de 48,000 servidores públicos
que integran el Poder Judicial.
Expuso los ejes a partir de los cuales emprendieron un camino de profunda transformación, con la finalidad de acortar la brecha que existe entre la justicia tan anhelada para los mexicanos y aquella a la que hoy en día tienen realmente acceso.
El Poder Judicial de la Federación —esta noble institución que me honra representar— es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional. Para el adecuado funcionamiento del delicado engranaje republicano, es indispensable una rama judicial fuerte, autónoma, independiente y, sobre todo, que goce de la confianza social.
Zaldívar Lelo de Larrea destacó que el Poder Judicial ha alcanzado un grado de fortaleza institucional que le permite dar salida a los conflictos, brindar certidumbre al orden jurídico, y ejercer un control efectivo de la constitucionalidad de las normas y actos del Poder Público, en defensa de las atribuciones y competencias constitucionales y de los derechos humanos de las personas, contribuyendo a la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el estado de
respuesta a las demandas de justicia.
Se cumplen 25 años de que la Suprema Corte asumió el rol de Tribunal Constitucional del Estado Mexicano. Desde entonces, hemos avanzado y nos hemos consolidado como pieza fundamental de nuestro sistema constitucional y democrático de derecho.
La Corte se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos, estableciendo interpretaciones que buscan darles efectividad para hacerlos una realidad en la vida de las personas. Hemos entendido a los derechos como la vía para la construcción de una sociedad justa e igualitaria, en donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libres de discriminación, y con acceso a oportunidades que les den la verdadera libertad de perseguir sus sueños, sin importar la cuna en que nacieron.
Pero, no podemos dejar de reconocer que, a pesar de esta tendencia histórica del Poder Judicial a desempeñar plenamente el papel que le corresponde en nuestra democracia, sus esfuerzos han sido opacados por vicios y prácticas que lo debilitan frente a la sociedad y que lastiman su legitimidad.
En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia.
Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo. Por el contrario, esta práctica, profundamente arraigada en la cultura institucional, se recrudeció en años recientes. Es cierto que la vocación por la judicatura se transmite en el seno familiar y que existen generaciones de jueces y magistrados intachables.
Pero la falta de transparencia y la discrecionalidad para el otorgamiento de nombramientos han debilitado al sistema meritocrático, han generado desigualdad en la carrera judicial, y han propiciado conflictos de interés inaceptables.
El nepotismo generalizado afecta negativamente el correcto desempeño de nuestras funciones e impide que los ascensos se obtengan en condiciones de igualdad, todo lo cual nos desacredita y deslegitima nuestra labor.
Por otro lado, existen cotos de corrupción –aislados pero lastimosos – que dañan profundamente la impartición de justicia. La corrupción judicial genera desigualdad, impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia.
La corrupción judicial es un flagelo que debilita a todas las instituciones públicas, porque erosiona la confianza en el sistema mismo.
Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines. Un poder judicial percibido como corrupto carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar adecuadamente el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde.
Finalmente, el Poder Judicial no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza. No ha habido un proceso de apropiación, por el cual la sociedad reconozca como suyos a los jueces federales y como valiosa la labor que desempeñan. Los jueces muchas veces son percibidos como miembros de una élite a la que protegen y preservan. Muchas veces son vistos como agentes que actúan sin tomar en cuenta la realidad social, sin miramiento a las circunstancias particulares que impiden el goce de los derechos, denegando justicia a aquellos grupos a quienes históricamente les ha sido vedada.
Es por todo ello que a partir de mi elección como Presidente el pasado 2 de enero –con el voto de mis pares– en el Poder Judicial hemos emprendido un proceso de autorreforma que busca renovar de fondo nuestra identidad y ética institucional.
Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos –por supuesto– pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio.
Queremos desarticular las estructuras y la cultura del patrimonialismo judicial; queremos repetir hasta que se haga costumbre, que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio; que debemos evolucionar con la sociedad de la que somos parte y a la que servimos; y que debemos rendirle cuentas de nuestro actuar.
El primer gran eje de acción para la renovación del Poder Judicial es el combate al nepotismo y a la corrupción, lo que pasa por un fortalecimiento y transformación de fondo de las políticas públicas en materia de carrera judicial.
En esta línea de acción, el Consejo de la Judicatura aprobó un acuerdo general que reglamenta la carrera judicial en relación con la reincorporación, adscripción y readscripción de magistrados de circuito y jueces de distrito, en el cual se establecen procedimientos y criterios para la toma de decisiones en torno a esos rubros.
Derivado de dicho acuerdo, y por primera vez en los 25 años de historia del Consejo de la Judicatura, se aprobó una Política de Adscripciones, en la que se desarrollan los supuestos y razones que justifican los cambios de adscripción, mismos que pueden ser consultados por la ciudadanía y por las y los propios titulares.
Lo anterior, de conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de independencia judicial, particularmente los señalados por el Comité de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Independencia de magistrados y abogados, así como, en el ámbito interamericano, por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La implementación de esta política ha resultado en 569 movimientos, que incluyen primeras adscripciones y readscripciones, de las cuales 98 se han dado por causa de nepotismo.
En el caso del circuito judicial de Jalisco, el Consejo advirtió que se había convertido en una zona de riesgo para la impartición de justicia, por lo que se llevaron a cabo readscripciones y suspensiones tendientes a desarticular redes de influencias y cotos de ilegalidad existentes, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones conducentes.
En el rubro de ratificaciones operó un cambio radical de paradigma. Anteriormente se ratificaba inercialmente a los juzgadores federales siempre que no hubieran cometido conductas extremadamente graves; se trataba prácticamente de un trámite administrativo, de un pase automático.
Prueba de ello es que, durante los 15 últimos años, la única causa de no ratificación fue la existencia de infracciones disciplinarias graves. Hoy en día, se hace una evaluación comprehensiva bajo criterios de excelencia y honestidad, para garantizar que sólo las personas que cumplan con los estándares constitucionales continúen impartiendo justicia.
Como medida fundamental, además de la reorientación de la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura aprobó un Plan Integral de combate al nepotismo, cuya implementación se materializará en los próximos meses, conformado por un conjunto de medidas preventivas y reactivas que buscan erradicar esta práctica —tan nociva como arraigada— de manera que el ingreso y permanencia en la carrera judicial se definan por los concursos públicos y la meritocracia.
Tales medidas comprenden: el fortalecimiento de los “puertos de entrada” a la carrera judicial; la definición de tipos administrativos para inhibir y sancionar este fenómeno; la creación de un Comité de Integridad que revisará ciertos nombramientos cuya legitimidad pueda generar dudas; la implementación de un buzón de denuncias, y el establecimiento de una plataforma electrónica para la identificación de redes familiares.
