Prevalece poca confianza ciudadana en el Poder Judicial de la Ciudad de...

Prevalece poca confianza ciudadana en el Poder Judicial de la Ciudad de México

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Litigantes y ciudadanía en general consideran que son nulos los cambios en el actual sistema de justicia de la Ciudad de México, donde persiste la opinión que la justicia que en la teoría debe ser pronta, expedita y gratuita, con estricto apego y respeto a los derechos humanos no es más que “letra muerta”, y que las decisiones de jueces y magistrados en su mayoría favorecen a la clase pudiente, que puede pagar fuertes cantidades para inclinar la balanza a su favor.

El titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez, parece que no ha podido con el paquete, y han quedado en buenas intenciones sus señalamientos de que en el Poder Judicial de la metrópoli se haría todo lo que estuviera a su alcance en abatir la impunidad y la corrupción.

Pérez Juárez en su momento reconoció que ambos fenómenos debilitan la credibilidad de las instituciones, por lo que era necesario emprender acciones para prevenir y sancionar eficazmente los actos de corrupción, “el fortalecimiento en las medidas de prevención y sanción efectivas son fundamentales, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos”.

El magistrado Álvaro Pérez insistió en que uno de los pilares republicanos más importantes es evitar y sancionar los actos de corrupción, sin embargo, en juzgados penales, civiles y administrativos dependientes del TSJCDMX, no coinciden con sus criterios y hacen todo lo contrario a lo asentado por el titular del Alto Tribunal capitalino.

Barras de abogados aún están a la espera que se combata en serio a la corrupción, el tráfico de influencias y sobre todo el trato en los recintos judiciales de la capital, pero todo indica que al Poder Judicial de la CDMX se le olvidó cumplir con su compromiso de ser “un inquebrantable aliado con la ciudadanía, con el estado de derecho y con el nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal de las personas servidoras públicas y particulares vinculados”.

Incluso en una ceremonia por el Día del Abogado, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y ahora candidato a una curul plurinominal por el Frente PRD-PAN-MC, Miguel Ángel Mancera Espinosa pidió a magistrados, jueces y abogados a mejorar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), que ha sido desde su implementación en la metrópoli, una oleada de quejas y críticas al poder judicial por resoluciones arbitrarias e incluso de consigna, no cumpliendo el reto de hacerlo efectivo a la sociedad.

En ese momento, se propuso para el mejoramiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el uso de brazaletes electrónicos por parte de las autoridades federales para llevar a cabo un monitoreo. “No es fácil, no es barato, pero se tiene que hacer, esto es ir perfeccionando, es poder explicarle a la gente que estamos preocupados por ellos”.

Al inicio del presente año, Álvaro Augusto Pérez Juárez, en tono enérgico reclamó al Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa (ALDF), se dejará de “…  jugar a las simulaciones, de realizar reformas y no se dote del presupuesto necesario para su implementación, porque eso es demagogia, ya que tan solo en la aprobación para el Ejercicio Fiscal 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tuvo un incremento de 600 millones de pesos a los 5 mil millones 869 millones 693 mil 672 pesos que fueron aprobados y que el 85% será de gasto corriente”.

Ante los nulos resultados para cambiar la percepción que se tiene del sistema judicial en la mayoría de la sociedad, Pérez Juárez, argumentó “se cuenta con 397 jueces y magistrados, un promedio de 3.9 por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional es de 14, lo cual se está lejos de alcanzar, pues significaría crecer en un 80 por ciento el número actual”.

Dijo que por ello se solicitó a la ALDF otorgar al TSJCDMX un presupuesto de 15 mil millones de pesos que no se dio, “ahí se ve la necesidad que tenemos de recursos para el poder judicial, pese a todo, con el avance del tiempo se tendrá que dotar de más recursos para cumplir de manera cabal con su responsabilidad, aunque la falta de crecimiento y el incremento de trabajo, dificulta la labor no nos preocupa, sino ocupar a efecto de dar soluciones”.

En el marco de su primer informe de labores al frente del TSJCDMX, Pérez Juárez resaltó que la metrópoli tiene el mayor número de carga de trabajo del país, con una entrada de tres por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 1.7, por lo que los desafíos son: “la consolidación de la oralidad y la modernización judicial. Asimismo, el de acercar la justicia a la ciudadanía mediante la incorporación de avances tecnológicos, lo que permitirá dar mayor celeridad y certeza a las decisiones que impactan los aspectos más sensibles de la vida de las personas. La mejor forma de encarar los desafíos de la judicatura de la Ciudad de México es con acciones firmes que hagan que la justicia cada día sea más cercana a la sociedad”, cuestión que no ha podido concretar en gran parte a la falta de un grupo de jueces y magistrados no solamente con experiencia y preparación, sino que hayan tenido carrera en el poder judicial.

Abogados se quejan de irregularidades

Algunos integrantes de diversas Barras de Abogados que acuden a las instalaciones de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), coinciden en señalar que la situación de corruptelas y tráfico de influencia siguen en aumento.

Refirieron que el cambio de titular en el TSJCDMX de Pérez Juárez por Edgar Elías Azahar en nada ha cambiado la situación, “para todo es dinero si es que quieres que lleguen las notificaciones, las cédulas u otro requisito, la influencia de algunos bufetes jurídicos sigue siendo igual, los proyectores son los que se encargan de salir a negociar las cantidades para favorecer sentencias, filtrar información de expedientes, de eso no hay duda, solo basta con darse unas vueltas a los juzgados capitalinos”.

Detallaron que por ejemplo en las audiencias las quejas más recurrentes son que los jueces generalmente no se presentan, mandan a sus secretarías, luego ni éstas ya que cotidianamente las que dan la cara son los mecanógrafos, los proyectistas son los encargados de negociar las resoluciones u otros aspectos, con la finalidad de proteger al juez, casos como éste se ven en el juzgado II de lo civil.

Resaltaron “si queremos que se nos atienda y agilicen los trámites para todo hay que dar dinero, para que den la cédula tienes que dar en promedio 50 pesos, y si es un asunto urgente o de importancia alcanzan los 200, y si como en todos hay algunos grupos influyentes, principalmente en materia civil”, esto sigue prevaleciendo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y de todo el país.

Parte de la culpa está en la ALDF

Ciudadanos consideraron que la actuación del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada en la designación de nuevos magistrados del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México, se dio con la intención de cubrir actos de corrupción y abusos, de los titulares salientes y por intereses.

Expusieron que el órgano legislativo de la metrópoli, en nada consideró la preparación, experiencia y perfil de los magistrados del TSJCMX, sino que más bien pareciera que con la venía del exjefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna las designaciones ya estaban a modo con el fin de privilegiar a ciertos sectores.

Mencionaron que de ahí sale la imperante necesidad de revisar los procedimientos y entrevistas con los aspirantes a ocupar dichos puestos en el Máximo Tribunal de la metrópoli, que ha dejado desde hace tiempo de impartir justicia pronta, expedita y gratuita a la población, lo que ha generado desconfianza y una mala percepción entre los litigantes y gente que requiere acudir a los juzgados y Salas dependientes del Alto Tribunal local, en busca de justicia y defensa de sus derechos.

Señalaron que de por sí “es poca la confianza en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en diversas ocasiones se han denunciado redes de corrupción en el TSJCDMX, en las especialidades penal, civil y de lo familiar, donde se inclina la balanza de la justicia al mejor postor, filtración de expedientes a ciertos bufetes o abogados, en los que se tienen casos en litigio, oportunidad que es aprovechada para interponer recursos legales, o conocer cómo está el asunto y de esa manera para preparar la estrategia a seguir, proyectos de sentencia a modo, entre otras irregularidades”.

En febrero del año pasado la Asamblea Legislativa designó a 18 magistrados al Tribunal Superior de Justicia local (TSJ) propuestos por la administración en turno, de estos al menos cuatro tienen antecedentes de inhabilitación, denuncias penales, salarios excesivos y nexos con diputados y funcionarios del gobierno central, lo último generó más desconfianza en el sistema de justicia penal de la metrópoli.