GCMDX debe informar sobre capacitación a traductores de lenguas indígenas

GCMDX debe informar sobre capacitación a traductores de lenguas indígenas

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Leobardo Reyes

La diputada local Ana Juana Ángeles Valencia, solicitó al gobierno capitalino  informar a la brevedad posible respecto al número de indígenas procesados y sentenciados que han sido liberados, a la fecha, desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como del estado jurídico en que se encuentran sus expedientes, de acuerdo al último censo realizado.

Ángeles Valencia, señaló que existen muchos indígenas que carecen de recursos jurídicos para su defensa en su idioma o lengua materna debido a que son pocos o nulos los traductores e intérpretes que los auxilian para que accedan al debido proceso.

Asimismo, exhortó a la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) Evangelina Hernández Duarte y al titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruíz Ortega, informen a la ALDF los resultados de la Capacitación de la Red de Intérpretes Traductores en Lenguas Indígenas Especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que brindan atención a la población indígena.

También, pidió al procurador General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Edmundo Porfirio Garrido Osorio, la elaboración de un Protocolo de Actuación de Acceso a la Justicia Penal con Enfoque Intercultural para los casos donde se involucren pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México en el contexto del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio para los órganos de procuración de justicia.

Recalcó, “es obligación del gobierno de la Ciudad de México respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los barrios, pueblos originarios, y comunidades indígenas y sus integrantes que habitan, transitan en la Ciudad de México”.

Recordó, el reconocimiento de la interculturalidad está plasmado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Destacó, “la inclusión de la interculturalidad en los procesos penales, donde se encuentran involucradas personas indígenas requiere de un Sistema de Garantías de Derechos del que solamente este grupo de población es vital, son derechos que se encuentran contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Federal, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Añadió, de acuerdo al Diagnóstico del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (PDHCDMX), se reconoce que la discriminación y la marginalidad han sido prácticas históricas en contra de estos grupos de la población, incluso a quienes se les ha vulnerado negado el acceso a la justicia.