Impunidad Cero acusa impunidad y negligencia de Gerardo Ruiz Esparza

Impunidad Cero acusa impunidad y negligencia de Gerardo Ruiz Esparza

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A siete meses del fallecimiento de dos personas por el socavón que se hizo en el Paso Exprés de Cuenavaca, la organización Impunidad Cero señaló la importancia de que existan los respectivos castigos como deben ser suspensión, destitución, inhabilitación o multas para las autoridades involucradas, entre las que señala al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, toda vez que ni la Función Pública, ni algún otro organismo ha siquiera levantado la voz para que este caso no quede en el olvido pese a los cientos de recomendaciones y desvíos que se han dado a conocer sobre dicha obra.

“Estamos en el momento adecuado para que se lleven a cabo las sanciones. Estamos en la delgada línea de caer en la impunidad y no sancionar, o sancionar y evitar la impunidad”, señaló Luis Darío Ángeles, autor de la investigación Impunidad, sanciones administrativas y el socavón del Paso Exprés.

En dicha investigación se dice que la muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, ocurrida el 12 de julio de 2017 en un socavón que se formó en el Paso Exprés de Cuernavaca, obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es parte de una serie de irregularidades que se encontraron desde su construcción.

Darío Ángeles dijo que en México, de cada 100 irregularidades denunciadas, siete se sancionan efectivamente lo que significa que “cerca del 93 por ciento quedan impunes”.

Una mala planeación de la obra, negligencia en acciones relativas a la alcantarillado y el drenaje, así como la muerte de dos personas son las principales irregularidades encontradas en el Paso Exprés, de acuerdo con el estudio.

Basado en la anterior Ley Federal de Responsabilidades Administrativas (ya que la actual entró en vigor el 18 de julio unos días después del accidente), el investigador presentó las distintas posibilidades de sanción de los funcionarios responsables.

Por ejemplo, calificado con una responsabilidad media, el secretario de Comunicaciones y Transportes tendría una sanción económica o destitución ya que por haber informado que la construcción había concluido tendría 40 años de duración.

No obstante, a funcionarios como el director General de Carreteras, y funcionarios de esa dirección habría incurrido en una conducta ‘gravísima’ y se les podría aplicar las siguientes sanciones: inhabilitación temporal de 10 a 20 años, con multa y destitución, por ser responsables de la supervisión de la obra.

El investigador recordó que si bien la Auditoría de la Función Pública ya emitió una serie de recomendaciones a los órganos internos de control correspondientes, es necesario hacer un llamado a las autoridades para que comiencen a deslindar responsabilidades.

“El estudio específico del caso del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, pretende que la sociedad pueda exigir a las autoridades que actúen correctamente. No contar con sanciones a los servidores públicos involucrados en la muerte de los señores Mena es una clara muestra de impunidad, cuando por la gravedad de las conductas, el caso debería implicar suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y multas para las autoridades involucradas”, agregó.

Por su parte, Irene Tello, directora de Impunidad Cero, afirmó que los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y peritaje de la Secretaría de la Función Pública (SFP), revelaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) supo de las irregularidades de la obra, a través de al menos 10 reportes.

Por lo anterior, destaca que al menos 13 veces, la SCT tuvo noticias de que el alcantarillado que estaba debajo del Paso Express era insuficiente para el tipo de agua que pasaba. Es importante, ellos supieron y tienen que recibir algún tipo de sanción, ya sea económica, institucional y la inhabilitación temporal de 10 a 20 años, multa o destitución”.

Lamentó que hasta ahora no haya ningún funcionario sancionado por responsabilidad administrativa y que dicha investigación se ha politizado, más que concluir en procesos de responsabilidad administrativa.

Tello indicó que desde un inició, la obra presentaba irregularidades al haberse encargado a Banobras y otras instituciones que no se dedican a la planeación de ese tipo de obras.

Fue una obra plagada de irregularidades, que duplicó el costo previsto, que tardó el doble de tiempo. Intentamos ver la responsabilidad de los funcionarios que tenían que encargarse de la supervisión y dar seguimiento de que se construyera bien esa carretera”, agregó Tello.

Cabe señalar que la Secretaría de la Función Pública (SFP), que es la dependencia encargada de investigar a servidores públicos por malos manejos de recursos o una actuación indebida, no ha informado hasta el momento de que haya sancionado a ningún funcionario por la muerte de las dos personas, el pasado 12 de julio de 2017, ni por las 22 irregularidades por mil 34 millones de pesos que detectó en los contratos de construcción de esta carretera, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos empresas privadas.

Entre las 22 observaciones que la SFP hizo como resultado de cuatro auditorías a la Dirección General del Centro STC Morelos, a la Dirección General de Desarrollo Carretero, y a la Dirección General de Carreteras –todas dependientes de la SCT-, destacan irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra, e inadecuada planeación y programación de la obra, entre otros.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de la Cuenta Pública 2016, también comprobó que hubo pagos por obras no realizadas, gastos inflados por 186 millones de pesos, y material que supuestamente se compró pero no apareció ni colocado en la obra, ni en las bodegas.

La SFP anunció en septiembre del año pasado que investigaría posibles conductas indebidas de funcionarios de la SCT, para, en caso de comprobarse irregularidades, iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y emitir sanciones, no obstante, hasta el momento, no hay sanción para funcionarios, a pesar de que un grupo independiente de peritos ya determinó que el agujero en la carretera –que tenía tres meses de haber sido inaugurada- se abrió por una serie de fallas y omisiones en el diseño, supervisión y ejecución de la obra.