Margarita Darlene Rojas Olvera como “el cangrejo” su gestión en la JLCA

Margarita Darlene Rojas Olvera como “el cangrejo” su gestión en la JLCA

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La gestión de Margarita Darlene Rojas Olvera esta como “el cangrejo” en lugar de sacar adelante a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, cada día está más atrás, sin cumplir los fines para los que fue creada, y todo desde el comienzo de la titular quien salió de la administración del exdelegado en Iztapalapa, Jesús “El Flaco” Valencia Guzmán, diputado federal relacionado con casos de corrupción de ventas fraudulentas a la delegación de Gustavo A. Madero de ropa y calzado, así como un choque en estado de ebriedad donde volcó hace dos años una camioneta a Jeep Grand Cherokee, propiedad de la empresa Amexire S de RL de CV, además de ser su pareja sentimental.

A decir de trabajadores que presentan denuncias laborales en la JLCA, las decisiones del órgano laboral se dan al mejor postor, incluso denunciaron la existencias de grupos de “golpeadores” que les presionan para desistir de sus demandas o aceptar las condiciones que las empresas les quieren dar, de ahí que salgan las estadísticas favorables que difundió en su informe de labores Rojas Olvera.

Hace dos años salió a relucir que Rojas Olvera, además de ser calificada como negligente para este cargo, fomentó la corrupción y el derroche de presupuesto, así como permitir que su equipo de colaboradores vendiera la justicia al mejor postor, principalmente la venta de contratos de protección, ineptitud e incapacidad de sus subalternos en los casos que llevan, aumentando el rezago de expedientes que aún esperan una resolución.

Los mismos empleados de la JLCA refirieron que la presidenta se da sus lujos, con cargo al erario público como clases de yoga, dietista, enfermera particular, tres automóviles y chofer, lo que llevó a los trabajadores que interponían su demanda en esta instancia a mejor “llegar a un mal arreglo que a un buen pleito que lleve tiempo y dinero, que probablemente pierdan, sin tomar en cuenta el porcentaje que se llevan los abogados en caso de ganar el juicio”, asimismo, trascendió en ese lapso de tiempo que Valencia Guzmán la impuso en ese puesto y que la JLCA era una sucursal de la delegación Iztapalapa, donde llegaron “aviadores” provenientes de esa jurisdicción, así como gente cercana a Margarita Darlene Rojas Olvera

Hace unos meses la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa a través del diputado Iván Texta Solís, demandó una auditoría a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), a fin de investigar y resolver las inconsistencias encontradas en el informe presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Texta Solís, expuso que  lamentablemente no existe información suficiente sobre el correcto actuar de la JLCA de la Ciudad de México, y sus informes sobre la Cuenta Pública permiten observar irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.

El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la Asamblea Legislativa, indicó que hay constantes quejas de los justiciables en materia laboral que señalan actos de corrupción al momento de dictar justicia, por lo cual es necesario transparentar el uso de los recursos que recibe y determinar si existe opacidad en el ejercicio presupuestal.

Manifestó, de acuerdo a versiones periodísticas cada día crecen las inconformidades al interior de la Junta Local que preside Margarita Darlene Rojas, por un supuesto tráfico de influencias en la aplicación de la justicia y el rezago en los juicios laborales que perjudica a la clase trabajadora.

Comentó que en el último informe que la dependencia publicó en internet, correspondiente al mes de diciembre de 2016, se señala que hay 102 mil 768 expedientes en trámite, mil 713 demandas recibidas y mil 435 juicios terminados.

Apuntó, “la función jurisdiccional de la junta no puede quedar al margen de la democracia y al cambio tecnológico, por lo que debe evolucionar y cumplir con la parte que le corresponde en la aplicación de la justicia laboral con pleno respeto al estado de derecho y velando siempre porque se cumpla la ley en esta materia”.

Refirió, el reglamento de la junta señala su obligación de  resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales que surgen dentro de la competencia territorial de la Ciudad de México, garantizando con ello el acceso a la justicia en un marco de trato humano digno y contribuyendo así al fortalecimiento del estado de Derecho en nuestra ciudad capital.

Se desentiende de los daños causados por sismo de septiembre

Los empleados de la JLCA dieron a conocer a unas semanas del sismo del 19 de septiembre, que el edificio principal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCA) ubicado en Río de la Loza 68 y Doctor Andrade 45, colonia Doctores, fue declarado seguro y operable el 26 del mismo mes, pero que eso no garantizaba su seguridad, por lo que exigieron un nuevo dictamen de seguridad estructural.

Explicaron que la exigencia obedece a que las evaluaciones elaboradas por un Director Responsable de Obra y la Secretaría de Protección Civil capitalina no se pronunciaron sobre las grietas detectadas en las columnas del sótano, ni tampoco sobre el hundimiento que presenta uno de los dos edificios que están fusionados para permitir la operación de la Junta.

Dijeron que se le envió la petición a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Darlene Rojas Olvera, exponiéndole que las condiciones estructurales del inmueble ponen en peligro la seguridad y la vida de las 3 mil a 4 mil personas que acuden diariamente a desahogar algún tipo de juicio laboral.

Los abogados Gerardo Álvarez Gómez y Víctor Manuel Reyes Zendejas difundieron a través de redes sociales lo anterior debido a la imposibilidad de dialogar directamente con la Presidenta del organismo, asimismo, argumentaron que el inmueble cuenta con un problema adicional, “desde el 2005 un dictamen había catalogado a uno de los dos edificios que integran la junta como inseguro e inestable por no cumplir con todas las normas de construcción del entonces Distrito Federal”.

Uno de los casos más sonados de los muchos que tiene Rojas Olvera en el organismo a su cargo fue el de las trabajadoras de intendencia despedidas en enero de 2016 del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) quienes le exigieron  agilice la resolución del caso.

A través de una carta las quejosas junto con organizaciones civiles, denunciaron también que las audiencias programadas sobre su caso se han postergado porque el personal de la instancia afirma que “no cuenta con recursos suficientes para trasladarse y notificar a los testigos”.

Expusieron que iniciaron la demanda laboral en febrero de 2016 en la Junta Local (JLCA), con número de expediente 127/2016, luego de que el IEMS despidió un mes antes a más de 50 trabajadoras con el argumento de que “nunca las contrató”, pese a que algunas de ellas tenían hasta 10 años trabajando para la institución educativa.

Indicaron que el juicio se ha caracterizado por retrasos, a lo que se suma la nula disposición de las autoridades del IEMS por reconocer el contrato laboral que tenían y una serie de actos intimidatorios contra el plantón que mantuvieron afuera de la preparatoria 2 del Instituto en Iztapalapa.

En la misiva que se le dirige a la presidenta de la JLCA, Margarita Darlene Rojas Olvera, las trabajadoras y las organizaciones “Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos”, “Comité Cerezo México” y “Comité de Familiares de detenidos desaparecidos: Hasta Encontrarlos”, solicitan a más personas que sumen sus firmas para exigir a la Junta la “resolución justa y expedita del caso” porque, afirman, desde el despido “las trabajadoras y sus familias sobreviven en condiciones lamentables”.

También solicitan a la JLCA “dote de recursos suficientes a sus empleados” para resolver el caso.  Así están las cosas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que no cumple con los objetivos para las que fue creada.