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Aprueban diputados en lo general dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior

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La Cámara de Diputados aprobó, por 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, para regular la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, e iniciaron la discusión de 101 reservas.

El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que el PRD presentó 52 reservas, Morena 34, MC 10, el PAN cuatro y el PES una, de un total de 44 diputados.

La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen por la mañana y en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, que inició a las 12:27 horas, se avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para modificar el orden del día a fin de incluirlo y se le dio publicidad.

Su discusión inició a las 13:43 horas, con la fundamentación del documento, por parte de la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI).

Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD), Jorge Álvarez Maynez (MC) y Maricela Contreras Julián (Morena) presentaron por separado mociones suspensivas, pero fueron rechazadas por el Pleno, en votación económica.

En el salón del Pleno, legisladores que se oponen a la ley desplegaron pancartas con la consigna de “No a la militarización del país” (PRD) y “La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no del uso de la fuerza” (MC).

Legisladores de MC se pusieron playeras blancas con leyendas como: “La guerra no hace la paz”.

No a la militarización

Al advertir que en poco tiempo los priistas y sus aliados se van a arrepentir de aprobar la Ley de Seguridad Interior por las consecuencias negativas que generará la presencia militar permanente en el país, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a través del vicecoordinador Jesús Zambrano Grijalva refrendó su rechazo a la citada legislación y señaló que es inconstitucional y viola además, acuerdos internacionales que México está obligado a cumplir.

“En los hechos va a llevar a que nunca los militares regresen a los cuarteles, a que nunca tengamos las policías como se requieren en el momento actual y, además, para que los cuerpos militares, las Fuerzas Armadas estén interviniendo hasta en la pretensión de acallar protestas sociales en un momento determinado”, dijo.

“Ahora el PRI quiere sacar adelante la Ley de Seguridad Interior después haber votado en contra la Minuta de Mando Mixto Policial que generaba condiciones para que los gobiernos estatales –incluido el Federal- tuviéramos policías verdaderamente capacitadas, certificadas para que, en una acción de trabajo coordinado entre los estados, municipios y la Federación, lográramos tener cuerpos policíacos a la altura de las necesidades del país que brinden la suficiente seguridad a la gente en su vida, en sus bienes y sus familias”, acusó.

Zambrano recalcó que esta Ley viola convenciones y acuerdos internacionales de los que México es parte y que expresamente la Cámara de Diputados no está facultada por la Constitución (Artículo 73) para legislar en materia de Seguridad interior. “Sí estamos facultados en Seguridad Nacional que es en lo que -como PRD- hemos planteado, es decir, abrir un capítulo para normar la actuación de las fuerzas armadas cuando se requiera actuar en apoyo de la autoridad civil”.

“Es absolutamente inconstitucional, por lo tanto, e inconvencional, la decisión del PRI, irracional además, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que no debería legislarse al respecto por la Cámara de Diputados como quiere hacer el PRI acompañado de sus aliados”.

Les ha valido muy poco, nada prácticamente, la opinión de más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, de más de una decena de organizaciones internacionales que han levantado una voz de alerta para evitar que esto suceda.

“Está claro que así es como pretenden que el país resuelva sus problemas: no atendiendo las causas como son la miseria, la pobreza, la falta de crecimiento económico, el crecimiento mismo de la delincuencia que tiene su origen en la falta de oportunidades de muchos de nuestros jóvenes; en cambio siguen en la lógica de una estrategia que no ha funcionado en los últimos 11 años en nuestro país. La intervención del Ejército en el combate a la delincuencia solo ha servido para que los índices de inseguridad en México continúen al alza”, alertó.

Finalmente, el legislador aseveró que el PRD no está en contra de la actuación de los militares cada vez que se les requiera; pero legislar para que se mantengan permanentemente en esas actividades, es un error histórico y si esto sale aquí y luego en el Senado lo sacan adelante; dentro de muy poco tiempo se van a estar arrepintiendo, el país entero va a ver sus nefastas, funestas, consecuencias -negativas por supuesto- para la vida nacional, recalcó.

Los integrantes de Morena afirman que esta Ley es retrógrada, permisiva e impulsará la militarización del país.

Según el proponente de la Ley, el senador panista Roberto Gil Zuarth, dicha Ley  busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Sin embargo, de su lectura se desprenden diversas disposiciones que vulneran los derechos humanos de las y los habitantes de la República Mexicana, además de otorgar al Ejército Mexicano la facultad de seguridad pública, lo cual es de competencia concurrente entre las autoridades federales, estatales y municipales como se establece en el artículo 2° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, el cuál menciona que:

 “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”

Derivado del análisis de esta iniciativa de Ley, encontramos que se faculta al ejército para poder incidir en cualquier acto que ellos consideren ponga en peligro la seguridad pública. Además de justificar cualquier operación armada, sin importar las ejecuciones sumarias y mucho menos los procesos de justicia, al igual que la permanencia del ejército en las calles. Con la aprobación de esta Ley se abriría la puerta a ejércitos extranjeros por medio del establecimiento de acuerdos interinstitucionales, evidenciando que es una iniciativa anticonstitucional.

Camacho la defiende

El coordinador del PRI, César Camacho aseguró que el dictamen sobre Ley de Seguridad Interior, que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es absolutamente “legal y legítimo”, y salvaguarda los derechos humanos de las personas.

“Esta es una ley para los ciudadanos. Si bien la ley da instrumentos más sólidos a las fuerzas armadas, es una ley cuyo destinatario final es el ciudadano”, indicó en declaraciones a la prensa.

Aseveró que se preserva el régimen de libertades, de igualdad y de paz. “Necesitamos que cuando haya amenazas que pongan en riesgo esos valores compartidos, (intervenga) el Ejército, y no sólo él, las fuerzas públicas” en general aseveró.

Detalló que esta ley no sólo es para regular a las Fuerzas Armadas, sino a las fuerzas del orden, “es decir también para las policías, ya que prevé la intervención de las fuerzas del orden cuando haya desastres de carácter natural que puedan poner en riesgo la marcha cotidiana de la sociedad”.

El coordinador priista explicó que para los grupos parlamentarios de oposición, hay un artículo que se incluyó como producto de la deliberación y del procesamiento de las iniciativas, que “excluye de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, a cualquier manifestación de orden social, política, incluso, de visos electorales; de suerte que pueden estar tranquilos quienes tienen esa preocupación”.

“La Ley de Seguridad Interior, no viene a sustituir a ninguna otra, sino a colmar una laguna legal, porque no hay preceptos hoy que prevengan la seguridad interior”, insistió.

Ahora se “está determinando es cuándo estamos frente a situaciones de afectación a la seguridad interior y para evitar que haya una interpretación laxa o incluso caprichosa”, precisó.

Recordó que este dictamen surge de una iniciativa que él propuso hace un año junto con la diputada Martha Tamayo Morales (PRI).