Ordena PJF a la PGR nueva inspección judicial a empresa de seguridad

Ordena PJF a la PGR nueva inspección judicial a empresa de seguridad

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José Ángel Somera

El juez VII de distrito con residencia en Cancún, Quintana Roo, dio a conocer que al analizar los juicios de amparo 1577/2017, 1765/2017, 1808/2017, 1751/2017, 1794/2017, 1831/2017, 1774/2017 y 1674/2017, relacionados con el caso de la empresa “First National Security”, arrendadora de cajas de seguridad en esa localidad, y la imposibilidad de realizar una inspección judicial en cumplimiento de una suspensión provisional dado el impedimento por parte de diversas autoridades, ordenó como nueva fecha para el desahogo de la inspección judicial las 12 horas del 18 de diciembre del presente año, en el domicilio de la negociación mercantil arrendadora de cajas de seguridad.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó que el juez de la causa requirió para que permitan a los actuarios el ingreso al inmueble y realizar la diligencia, al  “agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Vigésima Tercera Investigadora UEIDCS de la Unidad de Investigación y Litigación en la Ciudad de México, Vicealmirante del Servicio de Justicia Naval, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, con sede en la Ciudad de México, Almirante Comandante de la Quinta Región Naval, con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo, Comisario General Titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México, y Coordinador General “B” de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR”.

Apuntó “lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado dentro del plazo concedido o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo”.

Asimismo, el órgano jurisdiccional hizo del conocimiento de dichas autoridades que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, “están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, sobre todo las que tienen conocimiento de la diligencia, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridades, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo que contiene el propio oficio”.

Apuntó “a las autoridades responsables requeridas en caso de no dar cumplimiento total al requerimiento formulado, tendría lugar la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el artículo 262… Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión…”.

Posteriormente, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ofreció disculpas a las personas que se vieron afectadas con estas diligencias que lleva a cabo la SEIDO, y que más de la mitad de las mil 540 cajas de seguridad pertenecientes a la empresa First National Security no han sido reclamadas.

Confirmó que en las diligencias ministeriales se han localizado en las cajas millones en efectivo, tarjetas para clonación y armas de fuego, lo que permite corroborar que eran empleadas por el crimen organizado.

Apuntó, “estos hallazgos nos dan la certeza de que el crimen organizado utilizaba estas cajas para depositar insumos producto de la delincuencia y como lugar de almacenamiento de información para cometer más ilícitos”.

Dio a conocer que ya fueron entregadas las pertenencias de 292 usuarios, “a los clientes que tiene un modo honesto de vida les ofrezco disculpas”, al tiempo en que se comprometió a agilizar los trámites para la entrega de los bienes ya que la devolución será en Cancún, Quintana Roo, por lo que ningún usuario deberá viajar a la Ciudad de México.

En cuanto a las quejas de clientes de que algunos servidores ponían condiciones para la devolución de sus pertenencias, el funcionario federal aclaró que “en ningún momento la PGR ha solicitado a las y los usuarios se desistan del amparo o de la queja ante Derechos Humanos”.

Recordó que desde el 9 de noviembre, “la Visitaduría General de PGR inició inspecciones y visitas de evaluación técnico-jurídicas para verificar la actuación de las y los servidores públicos que participan en las diligencias, se trata de un tema atípico por lo que tuvieron que implementar medidas extraordinarias”.