Aprueban Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas

Aprueban Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas

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La Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El nuevo ordenamiento establece la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia.

Asimismo, fija los tipos penales en la materia, los delitos vinculados y sus sanciones, se crea el Sistema y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Entre sus objetivos está garantizar la protección integral de los derechos de estas personas hasta que se conozca su paradero.

El dictamen a la minuta, avalado en lo general, con 397 votos, también reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a fin de armonizar y articular el sistema jurídico, al derogar tipos penales que ahora serán regulados por la nueva norma. Además, adecua lo relativo al tratamiento de cadáveres y restos de personas no identificadas.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, refirió que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tiene constancia de más de 30 mil personas desaparecidas. Diversos organismos internacionales han establecido que este delito en nuestro país no responde a estándares internacionales, lo que impacta en su investigación, persecución y sanción.

Sostuvo que la falta de una legislación idónea impacta directamente en las víctimas y sus familiares; al no contar con mecanismos claros para la indagación, se ha propiciado que las autoridades no tengan la coordinación o la información suficiente para la búsqueda.

Explicó que la nueva ley plantea tipificar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares conforme a estándares internacionales, lo cual permite mayor garantía a las víctimas y a una mejor persecución de este fenómeno, de esta forma estos delitos se perseguirán de oficio, tendrán carácter permanente y serán imprescriptibles. También contempla, dijo, el establecimiento de la declaración especial de ausencia, con la finalidad de proteger los derechos de estas personas.

Precisó que dentro de los beneficios la ley prevé la protección de sus bienes, incluidas cuestiones crediticias hipotecarias, el mantenimiento de los derechos sociales para quienes dependan de una persona desaparecida y la suspensión provisional de los actos jurídicos en contra de sus derechos o bienes.

Del mismo modo, indicó, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual operará en coordinación con diversas autoridades, lo que permitirá agilizar y hacer más eficiente la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, atendiendo al derecho a la verdad de las víctimas.

La instauración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dijo, será la principal herramienta para la realización de las investigaciones. El reconocimiento de la reparación integral del daño, con lo cual se busca que las víctimas puedan superar los hechos victimizantes y materializar su proyecto de vida.

“México será el primer país con una legislación especializada en esta materia, garantizando los derechos como la verdad, la justicia y la reparación”, puntualizó Ibarra Hinojosa.

Al fijar su posicionamiento, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES), comentó que el dictamen toma en consideración la experiencia nacional e internacional, las previsiones de los tratados internacionales y las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país por los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.

Igualmente, agregó, se establece la distribución de competencia y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como esclarecer los hechos.

El diputado Carlos Gutiérrez García (NA) dijo que con esta nueva norma se brindan de mecanismo para garantizar que este hecho no quede más en la impunidad porque prohíbe la prescripción del delito de desaparición forzada, para el cual no aplicará ni amnistías ni indultos que puedan conducir a la impunidad.

Además, establece tipos penales en la materia y sus sanciones, que pueden llegar hasta los 90 años de cárcel. “Con este dictamen respondemos a la obligación que tenemos con la sociedad, pues mientras no podamos garantizar la seguridad integral de los ciudadanos, tendremos una deuda pendiente con ellos”.

De MC, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos mencionó a Jalisco como la tercera entidad con más casos registrados de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas representando un 8.9 por ciento del total nacional y antecedido solo por el Estado de México y Tamaulipas.

Por ello, consideró que el dictamen contiene un avance que “a muchos pudiera parecer insuficiente, pero que es de las pocas leyes que cuenta con el aval de familiares de las víctimas”. Estimó que “vamos a destiempo, pero esta larga espera, que valga la pena y que ninguna familia vuelva a padecer la angustia de no saber de un ser querido”.

La diputada Lia Limón García (PVEM) indicó que la aprobación de esta propuesta generará herramientas que permitirán una búsqueda más eficiente de las personas. Además, establecerá sanciones adecuadas para quienes cometan este tipo de delitos.

Destacó que la creación del Consejo Ciudadano, es fundamental porque son las personas, particularmente las madres de personas desaparecidas, quienes tienen experiencia acumulada y mucho que aportar al funcionamiento de este nuevo sistema. Por ello, la participación de los ciudadanos, y particularmente de las víctimas, será fundamental.

En su turno, la diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) refirió que al cierre de 2016 existía registro de 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas. Anunció que su grupo parlamentario votaría a favor, porque esta ley representa un avance. Aunque “no cumple con una serie de recomendaciones, tenemos que seguir luchando”.

Con este conjunto de leyes, añadió, se da un paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones para respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Por ello, reiteró, “a pesar de que no es suficiente la creación de este marco normativo, reconocemos el avance”.

Del PRD, el diputado Erik Juárez Blanquet señaló que con esta nueva ley se hace justicia, “aunque de manera tardía, a las más de 32 mil víctimas registradas en este país”. Reconoció que, para algunos, esta norma pareciera insuficiente pero “muestra grandes avances, de acuerdo a la triste realidad y a la grave crisis humanitaria que vive el país”.

Destacó que con esta ley se garantiza la protección integral a los derechos de estas personas, en tanto no se conozca su suerte y paradero. “Estamos acercando a las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia”, expresó.