Instituto Nacional de Migración, cueva de corrupción

Instituto Nacional de Migración, cueva de corrupción

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Torturas, extorsiones y secuestros, pan de cada día entre los migrantes que llegan o pasan por México, sin que el comisionado Ardelio Vargas Fosado, del Instituto Nacional de Migración haga algo por terminar con la corrupción e impunidad que prevalece en el organismo que supuestamente está para apoyar a los que tienen la necesidad de desplazarse a otros sitios.

A su llegada a este Instituto Nacional de Migración, la misión de Vargas Fosado sería impulsar políticas migratorias con un alto sentido humanitario, acentuando la salvaguarda y protección de los migrantes nacionales y extranjeros, con pleno respeto a sus derechos humanos, de acuerdo a lo señalado en el portal oficial del INM, situación que a todas luces es una mentira.

A su paso por México, los migrantes indocumentados enfrentan constantes redadas de autoridades migratorias, detenciones a veces violentas, reclusiones prolongadas en condiciones precarias y procesos jurídicos que violan sus garantías fundamentales, denuncia un informe realizado por expertos independientes.

El documento denominado “Personas en detención migratoria en México” recoge las visitas que expertos de la sociedad civil y académicos realizaron a las “estaciones migratorias” del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Estación migraroria es un nombre eufemístico, son centros de detención, son centros de privación de la libertad”, dijo Patricia Zamudio, presidenta del Consejo Ciudadano del INM, al resumir las condiciones de las personas indocumentadas que llegan a esos centros en México.

Los expertos, que integran el estatal Consejo Ciudadano del INM (autónomo), aplicaron 122 cuestionarios a migrantes de 19 países, la mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Casi todos los migrantes que ingresan a México de manera ilegal buscan llegar a Estados Unidos para trabajar.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que el informe confirma las observaciones que distintos organismos han realizado desde hace 15 años y que toda esta problemática tiene como fondo la política “dd” en materia migratoria del gobierno mexicano: “detención y deportación”.

“El gobierno mexicano mantiene un discurso favorable a los migrantes a nivel internacional, pero a nivel interno sigue sin mostrar señales de evaluar su propia política migratoria. Al contrario, ha reforzado una política de detenciones similar a la que cuestiona de otros países, principalmente Estados Unidos”, señaló el diplomático en referencia a las tensiones desatadas por los amagos del presidente Donald Trump de deportar a millones de mexicanos indocumentados

Las detenciones se realizan de manera indiscriminada, sin determinar si pueden acogerse a un régimen de protección e incluso no faltan mexicanos que terminan en las estaciones migratorias, advierte el documento.

El reporte subraya que en los procesos jurídicos se violan derechos fundamentales con el fin de inducir a los migrantes a pedir la repatriación voluntaria.

Esta situación de incertidumbre tiene repercusiones en la salud mental de los migrantes detenidos, como se demostró en pruebas realizadas a 16 hombres y 15 mujeres, que revelaron que todos padecían un grado de ansiedad, y que en 30% de ellos el nivel era alto, explicó Zamudio.

El informe hace una serie de recomendaciones a las autoridades, fundamentalmente que busquen alternativas a la detención y se dé prioridad a la integración local de los migrantes y sus familias.

Cada año, unos 200 mil migrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos, atraviesan México en su intento por llegar a Estados Unidos pero muchos en su camino, además de ser perseguidos por autoridades migratorias, son víctimas de robo, secuestro y asesinato a manos de bandas criminales.

No es la primera vez que se dan a conocer este tipo de situaciones, pues las redadas en las terminales de autobuses en el país y sobre todo en los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco son prácticas diarias, ya que cada día hay más denuncias contra agentes migratorios pidiendo  documentos que acrediten la nacionalidad a los pasajeros.

“Esto ocurre con mayor frecuencia desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos”, precisa Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien recorre periódicamente los estados del sur y sureste como vigía de los derechos humanos de los centroamericanos que buscan llegar hasta la frontera norte.

No obstante las revisiones del Instituto Nacional de Migración se habían mantenido hasta este año al margen de las terminales de autobuses, que poco a poco sustituyeron al ferrocarril como el principal modo de cruzar el país.

“Ahora vemos a agentes en los andenes y en las salas de espera y hasta aparcan sus vehículos entre los autobuses”, afirma Figueroa. “También están haciendo patrullajes en las principales ciudades chiapanecas, tabasqueñas y veracruzanas”.

El INM no especifica en su estadística mensual donde realiza los “aseguramientos” como llama a la detención de inmigrantes sin documentos por lo que no existe una cifra oficial sobre el modus operandi de los traficantes de indocumentados que cada día, según observadores extraoficiales, apuestan por el traslado carretero.

También acusan a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de realizar extorsiones telefónicas a familiares de extranjeros en detención desde el interior de las estaciones migratorias, alerta un informe del Consejo Ciudadano de este organismo.

A partir de un monitoreo a 17 centros de detención, el consejo concluyó que la práctica de la extorsión es generalizada, pues registraron el mismo patrón a partir de varios testimonios obtenidos en distintos centros de detención.

El informe indica que los testimonios parecen no dejar duda sobre la implicación directa de personal del INM en los casos de extorsión telefónica.

De tal modo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el 2012 se cometieron 2,522 casos en contra de ese grupo en situación de vulnerabilidad; para el 2013, el 2014 y el 2015 se acreditaron 2,144, 1,836 y 2,353 hechos violatorios, respectivamente, y para el 2016 se reportaron 1,788, “por lo que, del 2012 al 2016, se registraron 10,643 hechos violatorios en contra de migrantes”.

La Auditoría recordó que existen 58 estaciones migratorias en 27 estados de la República, y del 2012 al 2016 personal de la CNDH realizó 14,245 visitas a estaciones y lugares de tránsito, con las que captó 2,628 quejas y asistió a 458,830 personas.