Más de siete años sin dar resultados en delitos contra periodistas

Más de siete años sin dar resultados en delitos contra periodistas

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José Ángel Somera 

Pareciera que la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ha sido más un gasto más infructuoso que realiza el gobierno federal que los resultados que ha dado, prueba de lo anterior que México ocupa los nada envidiables puestos a nivel mundial que lo ubican como los más peligrosos para ejercer el periodismo.

Los homicidios de periodistas han ido en aumento, lo que hace suponer que han sido siete años de innumerables fracasos, teniendo en cuenta que en varios de los casos se han visto inmiscuidos autoridades de los tres niveles de gobierno, además de que en la designación del encargado de la FEADLE no ha sido la más idónea al existir vínculos con el gobierno,  tal y como es el caso del actual titular de la Fiscalía, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien viene de la Secretaría de Gobernación (SEGOBE).

En algunos sectores de la sociedad se especula que son nulas las posibilidades de resolver los casos de los homicidios de Javier Pineda, Miroslava Breach, Cecilio Pineda,  Ricardo Monlui, Maximino Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Hugo Olivera Cartas, y recientemente el asesinato de Salvador Adame, la mayor parte de estos expedientes tiene como hipótesis la mano del crimen organizado que sigue permeando las bases de las dependencias encargadas de la seguridad en los tres niveles de gobierno.

Ricardo Sánchez tiene una “papa caliente” entre sus manos, no solo por los casos sin resolver de comunicadores, cambiarle la imagen y la credibilidad en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), fungió como coordinador de medidas cautelares a periodistas en el cuestionado Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Además de ser coordinador de la implementación de medidas cautelares en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuando fungió como director General Adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob.

Dicho mecanismo ha sido cuestionado por diversas organizaciones defensoras de los derechos a las libertades de expresión y de prensa, debido a su burocratismo y por la aplicación de medidas cautelares que, en algunos casos, se reducen al uso de un botón de pánico en teléfonos celulares o la vigilancia del domicilio de periodistas amenazados mediante rondines de policías locales.

Ahora Sánchez tiene la casi misión imposible de esclarecer el espionaje defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que plantean  mecanismos anticorrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado, pero como hay la hipótesis que entre las dependencias se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Marina y la misma PGR, entonces qué resultados traería esa indagatoria, porque no puede ser juez y parte en este caso que deteriora aún más la falta de credibilidad del gobierno federal en los asuntos relacionados con la libertad de expresión, los derechos humanos y sobre todo el respeto a la privacidad de las personas en sus vidas cotidianas y profesionales.

Las diferentes instancias creadas por las autoridades federales desde hace una década han sido ineficientes, incluso las promesas del titular del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto de fortalecer esos mecanismo, han quedado en buenas intenciones, la FEADLE inició por delitos contra la libertad de expresión mil 926 indagatorias de las cuales solamente 111 fueron consignadas ante jueces, de éstas solamente tres han tenido sentencias, por lo que se puede decir que casi el cien por ciento de las investigaciones ha quedado “en el sueño de los justos”.

Los organismos en pro de defensa de las garantías individuales y la libertad de expresión, han manifestado su desconfianza en el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, debido a sus resultados intangibles en materia de procuración de justicia, ya que ha sido responsable de la investigación y persecución de delitos relacionados con graves violaciones a derechos humanos, por lo que en teoría conoce a profundidad la situación actual de los riesgos relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa en México, de ahí que el abogado de la nación Raúl Cervantes Andrade lo haya nombrado titular de la FEADLE.

FEADLE enfrenta limitaciones en su labot

La  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la PGR tiene dos problemas fundamentales que limitan su labor, primero la reducción presupuestal de casi 50 por ciento este año con relación a 2014, así como la falta de autonomía por ser una instancia gubernamental.

Esta Fiscalía federal sufrió una reducción presupuestal de casi 50 por ciento, al pasar de 39 millones 13 mil pesos en 2014, a 18 millones 434 mil pesos este año.

En este 2017, la cifra descendió 7 millones 648 mil pesos.

Incluso se dice que la decisión del abogado de la nación Raúl Cervantes Andrade de remover al exfiscal para periodistas, Ricardo Celso Nájera Herrera, deja entrever la falta de independencia con que opera la FEADLE.

Asimismo, su mayor obstáculo se encuentra en que cuando una investigación esté relacionada con delitos de delincuencia organizada, se deberán remitir las pesquisas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), lo que implica un serio  retraso, porque cada Fiscalía tiene sus prioridades y tiempos, esto sin contar el manejo político de la indagatoria y que el fiscal no sea independiente y dependa directamente del procurador general.

Las estadísticas refieren que el número de averiguaciones previas de 2010 al 2015 por homicidios de periodistas sumaron 31, destacando 2012 (último año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa), cuando la cifra se disparó a once casos, por cinco en 2010 y cuatro en 2011.

Para 2014 ocurrieron oficialmente, dos asesinatos, y uno en 2015, el año pasado sumaron once casos, en lo que va de 2017 suman seis los periodistas ultimados.

Según estadísticas de la FEADLE de  2000 a 2015 se contabilizaron 103 homicidios de comunicadores, los estados que registraron más muertes son: Chihuahua con 16; Veracruz 16; Tamaulipas 13; Guerrero 11, y Sinaloa siete.

Cabe destacar que a pesar de que la violencia contra el gremio periodístico ha ido en aumento, la FEADLE registra en los años recientes un bajo número de asuntos en los que ejerció su facultad de atracción, de 2013 a 2015, la mayoría de los casos atraídos han sido por amenazas y abuso de autoridad, mientras que sólo conoció de seis homicidios en total, de esta cantidad en 2013 fueron uno en Sinaloa y otro ocurrido en Chihuahua; en 2014 tuvo intervención en cuatro homicidios ocurridos en Veracruz.

El resto de los casos en el mismo periodo fueron: daño en propiedad ajena (tres), lesiones (tres), privación ilegal de la libertad (uno), robo (tres), tentativa de robo (uno) y tentativa de homicidio (uno). Por lo que refiere al caso de caso de periodistas desaparecidos, la Fiscalía Federal registró de 2005 a 2015 25 casos, la mayoría en Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, con cuatro en cada entidad.

Las averiguaciones previas atendidas por la FEADLE de 2011 a la fecha fue de 154 en 2011, 189 en 2012, 225 en 2013, 271 en 2014 y 303 en 2015, de las cuales se ejerció acción penal en 16, 12, 16, 13 y 21 casos respectivamente, sin que la dependencia mencione el caso de ningún agresor sentenciado.

No es prioridad de administración de EPN la seguridad de periodista

Pese a las promesas que emite el titular del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto, de garantizar el libre derecho a ejercer con libertad el periodismo en el país, esto solamente ha quedado en letra muerta, por lo que el sector periodístico ha decidido no tocar temas como el narcotráfico y la corrupción en el sector gubernamental entre otros, hasta que se garanticen las condiciones para realizar este tipo de noticias, ya que “la  nota no vale la vida”.

En su momento, Jaime Rochín, director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, reconoció que la situación de seguridad en el país tardará en recuperarse y la protección a los periodistas aún no es prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Rochín refirió “se ha avanzado en una serie de reformas para combatir la impunidad en los delitos contra los periodistas, aunque no es suficiente ya que estos delitos siguen en constante crecimiento. A pesar de los avances en materia legislativa, la realidad señala que falta una verdadera procuración de justicia tanto federal como estatal”.

En ese sentido, la organización internacional por la defensa de la libertad de expresión “Artículo 19” documentó cerca de un centenar de periodistas que han sido víctimas de la delincuencia, desde lesiones y amenazas verbales hasta asesinatos y desapariciones forzadas desde 2006, cuando el gobierno federal inició la “guerra contra el narcotráfico”.

Desde ese año en el que gobernaba el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la inseguridad ha crecido conforme los años: sólo en 2013, dicha organización ha contabilizado 19 periodistas amenazados de muerte en México.

El especialista manifestó “creo que siempre ha habido el riesgo de la profesión; antes del 2000, teníamos un partido que controlaba al país y el sistema tuvo que cambiar esto a partir de la transición del poder que rompió el esquema de control de los medios e información. Esto derivó en la apertura de la libertad de expresión, pero también dejó como resultado que a veces las autoridades quieran quitar esta misma libertad de expresión que tanto se pidió. El crimen organizado y su crecimiento hizo que la seguridad de los medios y periodistas fuera nula, ya que ellos no permiten que se informe lo que está pasando actualmente”.