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Chiapas, hundido en la pobreza por culpa de la corrupción de sus gobernadores

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Para nadie es un secreto que el Estado de Chiapas se encuentra en un grave rezago social, cultural, de salud y de educación, agravado por el pago de la deuda pública de casi 20,000 millones de pesos, que generó el gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero (2006-2012), mismo que contó con el aval del entonces presidente del Congreso local, Zoé Robledo, senador de la República, y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado de Chiapas, para el periodo 2018-2024.

Al término de su gobierno, en diciembre de 2012, Sabines Guerrero ya había convertido a Chiapas en el estado del país con la segunda deuda pública de crecimiento más acelerado, sólo después de Coahuila, de Humberto Moreira (2005-2011) y tan sólo en seis años, la deuda pública de Chiapas pasó de $881 millones (diciembre de 2006), a $20, 826 millones en diciembre de 2012. Un promedio de $3,324.16 mdp en cada año del sexenio de Juan Sabines.

Los casi 20,000 millones de pesos que Sabines contrató con la banca de desarrollo, los justificó como inversiones públicas productivas: carreteras, escuelas, clínicas, etc. que nadie vio, o los destinó a proyectos efímeros que representaron un rotundo fracaso, como el sistema de transporte Conejobús, o la construcción de las ciudades rurales, hoy llamadas “ciudades fantasma”.

En el actual sexenio, el Gobierno del Estado apenas pudo cubrir 2,000 millones de pesos de intereses, y disminuir la deuda a $18 mil 481 mdp, según el informe que la Secretaría de Hacienda del estado presentó al congreso local, el pasado 1 de febrero de 2017.

La deuda será transferida a las próximas tres generaciones de habitantes de un estado que ocupa el último lugar en los índices de pobreza de Coneval y de desarrollo humano a nivel nacional (lugar 32 con IDH de 0.667 en 2015, según PNUD), y que en 2016 generó un PIB de apenas $250 mil 399 mdp, frente a un PIB nacional de más de $17 billones.

De acuerdo con los analistas, la deuda que Sabines generó y heredó a Chiapas tiene cómplices. Y uno de ellos es Zoé Robledo. Como presidente del Congreso local, el 15 diciembre de 2011 el diputado Zoé Robledo firmó y autorizó el último paquete de deuda pública del Gobierno de Chiapas con la banca de desarrollo, que contrató Juan Sabines Guerrero por $5,469,000,000 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve millones de pesos).

El “Decreto Número 26” autorizó al Gobierno del Estado a contratar deuda con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por los 5 mil 469 mdp por un plazo de “hasta 20 años” para financiar nuevas Inversiones Públicas Productivas en rubros como: Infraestructura Educativa, Infraestructura en Salud, Infraestructura Carretera e Infraestructura Hidráulica, según los documentos oficiales adjuntos del decreto.

En las Consideraciones del Decreto 026, redactado y firmado por Zoé Robledo, se argumenta que “la prioridad de la presente administración -la de Juan Sabines- ha sido el combate a la pobreza extrema”.

Y señala que los recursos solicitados se destinarán a “ejecutar, equipar y concluir diversas obras públicas enfocadas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD”, una alianza estratégica de Sabines con el organismo internacional muy cuestionada por sus escasos resultados.  Los diputados federales chiapanecos Alberto Palomeque, del PAN, y Jorge Álvarez, del PVEM, exigieron a Zoé Robledo que asuma la responsabilidad que le corresponde en la megadeuda de la entidad, que firmó como presidente del Congreso, y como ente obligado, que era, de pedir cuentas a la Contraloría estatal.

La firma del endeudamiento con Banobras sólo fue una de tantas complicidades. En mayo de 2011, Zoé Robledo ya había operado como tapadera de Juan Sabines en el congreso local.

Robledo aprobó y firmó una reforma a la Constitución del Estado de Chiapas, propuesta por Sabines, que impidió fiscalizar o investigar los gastos ordenados por el gobernador. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

La reforma al Artículo 26 del capítulo II establece que:

“La aprobación, en lo general, de la Cuenta Pública exime al Ejecutivo de cualquier responsabilidad; de modo qué si apareciera alguna con motivo de la revisión y fiscalización, ésta será de la exclusiva responsabilidad de los órganos, entidades o servidores públicos ejecutores del gasto”.

En el mismo artículo se indica que “una vez analizada y aprobada la cuenta pública (…) no podrá ser motivo de análisis, revisión o fiscalización posterior, por ninguna de las instancias fiscalizadoras del gobierno del estado”.

Crisis de salud también golpea a Chiapas

El legislador chiapaneco Guillermo Santiago hizo entrega de la denuncia a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Así queda el mundo enterado de esta atroz injusticia: Guillermo Santiago.

El diputado federal denunció la fuerte crisis de salud que vive Chiapas, en el marco de la 16ª sesión en la XIII Reunión del Foro Permanente para las cuestiones indígenas en relación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

En dicho evento, el legislador chiapaneco declaró que “la garantía para el bienestar de los pueblos indígenas del mundo no se encuentra en la creación de programas que trafiquen con la pobreza y el hambre, sino en el respeto y promoción irrestricta de los derechos de las personas a través de los cuales puedan emprender sus propios desarrollo”.

Durante marzo, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) aclaró el desvío de recursos de la Secretaría de Salud de Chiapas, por el monto de 764 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2015, además de aclarar en próximos meses los ejercicios correspondientes al 2016 y 2017.

Dentro de las obligaciones federales, seguidas a la auditoría federal, la administración del Gobernador Manuel Velasco Coello tenía 90 días para esclarecer y liquidar los pagos correspondientes al total de los presupuestos asignados para las nueve jurisdicciones sanitarias de Chiapas y los hospitales, así como lo correspondiente a los adeudos contraídos durante el 2016-2017 para el pago del SAT y FOVISSTE de los trabajadores de la Secretaría de Salud.

El diputado federal oriundo de San Cristóbal de las Casas también aseguró que la grave crisis de salud en Chiapas tiene como origen la corrupción y complicidad de funcionarios estatales con el Gobernador Manuel Velasco Coello.

“Que este espacio sirva para condenar a quienes atentan contra la vida y dignidad humana, a quienes obligan a los pueblos indígenas a asumir el costo de la corrupción, a quienes se han encargado de hacer de la salud sinónimo de la impunidad que reina en las estructuras del estado. Así, queda el mundo enterado de esta atroz injusticia”, aseveró.

En ese mismo sentido, en reunión con la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli Corpuz, Guillermo Santiago hizo entrega de una denuncia por la violación al ejercicio del derecho a la salud de los pueblos originarios de Chiapas, así como de toda la población.